30 de Diciembre de 2022Ministerio de Bienes Nacionales destaca entrega de terrenos fiscales durante el 2022 para el Plan de Emergencia Habitacional
• En distintas regiones del país, con un estándar de calidad y conectividad, se entregaron inmuebles fiscales para la construcción de viviendas sociales en Arica, La Serena, Papudo, San Miguel, Ñuñoa, Lonquimay y Aysén. Un aporte concreto y activo al Plan de Emergencia Habitacional que mandató el Presidente Boric este año.
Ante la crisis habitacional que enfrenta el país, a pocos meses de iniciar su mandato, el Presidente Gabriel Boric encomendó al Ministerio de Vivienda impulsar el Plan de Emergencia Habitacional (PEH). En ese contexto, durante el 2022, Bienes Nacionales priorizó una gestión más eficiente del territorio fiscal, y – con un trabajo articulado con otras instituciones del Estado – destinó distintos terrenos fiscales para la construcción de viviendas sociales en distintas regiones.
El Plan de Emergencia Habitacional busca construir 260 mil viviendas sociales de aquí a marzo del 2026. En su rol de colaborador en esta tarea, el Ministerio de Bienes Nacionales destinó terrenos fiscales para este objetivo en Arica, La Serena, Papudo, San Miguel, Ñuñoa, Lonquimay y Aysén.
Sobre la tarea que se está realizando para enfrentar la compleja realidad de la crisis habitacional, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, ha recalcado que “si bien tenemos un desafío numérico muy grande, también somos muy conscientes y es el compromiso de nuestro programa de Gobierno, que no basta con construir un número de viviendas y desentenderse de la situación, que es necesario construir ciudad, que es necesario que esas viviendas estén bien conectadas (…) tiene que haber educación, tiene que haber jardines infantiles”.
Los terrenos
En junio, Bienes Nacionales entregó a SERVIU 12 hectáreas de terreno fiscal en la ciudad de Arica, donde se construirán viviendas sociales para 450 familias de la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), que han trabajado por más de 14 años en la búsqueda de una solución habitacional definitiva.
Luego, en agosto, se entregó en Papudo un terreno fiscal de casi cuatro hectáreas al comité Los Lilenes, lo que beneficiará a unas 150 familias. Ese el primer terreno apto para viviendas que esa comuna recibe en más de 15 años.
“Nosotros entendemos, y sin generar falsas expectativas, que durante nuestro periodo de Gobierno no vamos a poder solucionar toda la crisis, pero sí vamos a empezar para evitar que ésta se siga profundizando”, explicó en ese momento la ministra Toro.
En el mismo mes se traspasó otro inmueble fiscal en la comuna de San Miguel, para que el Serviu construya viviendas sociales para las 57 familias organizadas en el comité “La Minga”. En ese momento, la ministra Toro destacó que desde que asumió la cartera “estamos trabajando en darle prioridad a colaborar con el PEH. Hemos estado agilizando los traspasos, haciendo un llamado a todas las instituciones públicas también a colaborar con terrenos que sean aptos para vivienda social”.
Tras un par de años de gestiones trabadas, en noviembre el Gobierno y el Ejército firmaron en Lonquimay – región de La Araucanía – un acuerdo para que terrenos administrados hasta ahora por esta rama de las Fuerzas Armadas, se destinen a la construcción de viviendas sociales, lo que beneficiará a 296 familias de esa comuna.
El acuerdo consiste en que un sector del inmueble “El Naranjo” -que era parte del cuartel Lonquimay y que cuenta con una excelente ubicación, con alta conectividad y acceso a servicios básicos- se usará para la construcción de viviendas sociales. A su vez, el Ejército trasladará al sector del Fundo Ranquil sus labores de instrucción y entrenamiento, donde podrá cumplirlas de manera más adecuada.
Una solución que se trabajó en conjunto entre Bienes Nacionales y el Ministerio de Defensa, y que representa el primero de varios terrenos que tendrán el mismo fin de uso social, al alero de una fructífera mesa de trabajo con el Ejército. “Este acuerdo representa el mandato que nos ha dado el Presidente Boric de tener una mayor coordinación entre las instituciones, de tener un Estado que sea más eficiente, y que, finalmente, se comporte como un Estado, porque los terrenos fiscales que a nosotros nos toca administrar, tenemos la responsabilidad de que sirvan para todos los fines sociales”, afirmó al respecto la ministra Toro.
Más al sur, en la Región de Aysén, y también en noviembre, se entregó al SERVIU un permiso de ocupación anticipada de terrenos en Coyhaique para un proyecto habitacional que beneficiará a unas 800 familias de cuatro comités de la zona: Brisa Austral, Antillal, Altos Patagonia y Esperanza de Aysén.
A principios de diciembre, y luego de cinco años de negociaciones sin resultados, se logró concretar una transferencia para implementar un proyecto de departamentos sociales en Ñuñoa. Se trata de un terreno fiscal de más de 2.300 metros cuadrados, que beneficiará a 40 familias de la comuna y que vio la luz gracias al trabajo conjunto y articulado entre los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales y dicha municipalidad.
Unos días después, en el sector de Las Compañías en La Serena, se entregó otro terreno fiscal para el mismo objetivo: 3,3 hectáreas donde se construirán viviendas sociales para 158 familias del comité “Renacer Oriente”, ubicadas a 5 kilómetros del centro administrativo de la ciudad.
“Quiero destacar el trabajo que hemos estado haciendo. La primera prioridad de los terrenos fiscales son las necesidades sociales, y eso en el contexto del compromiso que tiene nuestro Gobierno con garantizar la seguridad económica, la seguridad ciudadana y la seguridad social”, precisó la ministra Toro.
