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Hasta el 2022, el Ministerio de Bienes Nacionales contaba solo con 4 drones para cumplir su tarea de fiscalización en todo Chile. El número era claramente insuficiente para la magnitud de la tarea, tomando en cuenta que las ocupaciones ilegales e irregulares superan las 19 mil en todo el país.

Esta situación cambiará diametralmente porque desde este mes entrarán en operaciones 12 drones nuevos de última generación, que permitirán no sólo optimizar el tiempo de fiscalización, sino también un control más oportuno del territorio, detectando de forma más rápida y con mayor alcance de cobertura problemas como las tomas y loteos incipientes en terrenos fiscales, además del acceso a playas.

“Desde que asumimos en el Ministerio de Bienes Nacionales nos dimos cuenta de lo extendido y masivo que es el fenómeno de las ocupaciones ilegales e irregulares. Así que esto va a permitir fortalecer nuestra labor, sobre todo en las regiones con más problemas de este tipo y así tomar mejores decisiones para que el territorio fiscal, que es de todas y todos los chilenos, esté al servicio de las necesidades de las personas y tenga como prioridad el bien común. Ese es el compromiso que tenemos como gobierno y el mandato que nos ha dado el Presidente”, destacó la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.

La incorporación de estos drones fue posible gracias al aumento de recursos que obtuvo el ministerio con el Presupuesto 2023, el cual estará enfocado justamente en fortalecer la fiscalización.

Con estas adquisiciones, el ministerio contará con una dotación de 16 drones a nivel nacional, asignados uno por región. Asimismo, están en proceso de contratación 12 nuevos fiscalizadores, aumentando la dotación actual a un total de 49.

Estos esfuerzos en conjunto permitirán incrementar la capacidad de fiscalizaciones anuales de 5.000 a 7.000 a nivel nacional, lo que implicará un 40% de crecimiento en relación al 2022.

Los 12 drones nuevos de última generación (marca Autel modelo EVO II Pro V2) tienen un mayor alcance y autonomía que los actuales (Anafi Parrot), y destacan por su capacidad de operar en condiciones extremas, obtener imágenes de mayor calidad y calcular de modo fácil superficies y volúmenes, lo que es clave para el trabajo en terreno.

Así lo destaca Haroldo Henríquez Aguilera, Jefe de la Unidad de Fiscalización y Tasación de Bienes Nacionales: “Hasta ahora, el ministerio contaba con unos drones de una autonomía baja, que pueden estar tan solo 15 minutos en el aire y tienen un alcance menor, de unos dos kilómetros. Con estos nuevos drones, nosotros estamos multiplicando varias veces y el alcance de la fiscalización en el aire”.

Los nuevos drones tienen una autonomía de 40 minutos de vuelo, pueden llegar a 7 mil metros sobre el nivel del mar, y además cuentan con un gran alcance en horizontal, porque se pueden distanciar más de 7 kilómetros de quien lo está pilotando.

“Eso nos va a permitir fiscalizar grandes extensiones ocupadas en la zona norte, tenemos casos en Arica, Tarapacá, Antofagasta, con ocupaciones que superan las 100 hectáreas, y estos drones nos van a facilitar ese trabajo. Es un tremendo desafío poder estar en cada lugar donde hay un terreno fiscal, y controlarlo. Y eso solo se puede hacer con este tipo de tecnología”, indicó el Jefe de la Unidad de Fiscalización.

Los nuevos drones serán asignados a las regiones con más ocupaciones de terrenos fiscales vigentes a la fecha (Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío, Coquimbo, Tarapacá, Arica y Parinacota, Los Ríos, Valparaíso, Los Lagos, O’Higgins y Maule).

En tanto, los 4 con los que ya contaba el ministerio –y que estaban operando en las regiones del norte del país- ahora serán redestinados a Ñuble, La Araucanía, Aysén y Magallanes, las cuales tienen una menor cantidad de ocupaciones vigentes, de acuerdo con los registros de Fiscalización de Bienes Nacionales.

 

 

 

Una segunda “Toma VIP” fue desalojada hoy en la Región de Antofagasta. Ordenada por la Delegada Presidencial, Karen Behrens, desde primera hora de este viernes 11 de noviembre, se desplegó el operativo para recuperar el terreno fiscal ocupado ilegalmente en la Caleta Lagarto-Chorales de la Provincia de Antofagasta.

La ocupación era de más de 663.902 mt2 y con una superficie edificada de 1.600 mt2, fuera de los límites urbanos de las comunas de Antofagasta y Mejillones. El desalojo estuvo encabezado en terreno por la seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Angelique Araya, profesionales de la Delegación Provincial, la Municipalidad de Mejillones, y un contingente policial que resguardó la seguridad del operativo. 

La decisión de desalojar esta “Toma VIP” se adoptó luego de cinco notificaciones y tres fiscalizaciones al lugar, el 2020, el 2021 y la última, el 22 de agosto de este año. En ese momento se constató aproximadamente unos 90 cierres perimetrales, de los cuales 30 contaban con construcciones en su interior y tizados, cabañas con características de veraneo y un domo. 

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, condenó a las personas que “llegan inescrupulosamente a terrenos fiscales, demarcan, se apropian, lotean, en algunos casos hemos visto ventas entre comillas, porque no se puede vender algo que no es propio”. A reglón seguido, recalcó que desde el Gobierno “queremos ser muy claros, vamos a actuar con mucha decisión, los terrenos que son de todas y todos los chilenos tienen que estar al servicio de las distintas necesidades sociales, y no pueden ser aprovechados de manera individual para privilegios propios”.  

La ministra Toro puso el acento en la crisis habitacional que vive el país y en los esfuerzos que realiza la administración del Presidente, Gabriel Boric, para dar solución a este problema: “Está el Plan de Emergencia Habitacional, está la política de campamentos del MINVU, está el Ministerio de Bienes Nacionales desde el día uno para poner terrenos fiscales a disposición de la política de vivienda social. Por eso, es tan indignante que mientras estamos haciendo esos esfuerzos, desde distintas instituciones, haya personas que se aprovechen”.

Culminada la primera etapa del desalojo, la seremi Araya agregó que “como Ministerio de Bienes Nacionales queremos dar una señal clara y potente de que no vamos a permitir más tomas, se les acabó el tiempo, ya es mucho el abuso del suelo fiscal, que por lo demás nos pertenece a todas y todos los chilenos”. Explicó que, en Caleta Lagarto, los dueños de esas casas estaban sin permiso, y que desde el 2020 han hecho caso omiso de las reiteradas notificaciones que se hicieron.

Desde la Delegación Presidencial afirmaron que trabajan en base a las solicitudes de los distintos servicios, para generar una Resolución Exenta que permite notificar a las personas que deben salir de manera voluntaria del lugar e indicándoles lo que deben hacer al momento de desalojar. 

Los trabajos de recuperación de este terreno fiscal, dada su extensión, se alargarán por todo el día, y proseguirán durante el fin de semana, ya que, junto con el derrumbe de las casas, se deben recoger escombros y despejar las demarcaciones de loteos.

Con el fin de recopilar antecedentes, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, junto al seremi Rodrigo Díaz, realizaron un sobrevuelo por la ciudad de Arica y alrededores para revisar la situación de las ocupaciones irregulares en la zona y sus características.

La secretaria de Estado agradeció la colaboración de Carabineros para concretar la acción y resaltó que esto permite al Ministerio hacer un análisis territorial y tomar decisiones en cada uno de los lugares, diferenciando además los distintos tipos de ocupaciones que se dan a lo largo de todo el país.

“Vemos una situación que es bastante preocupante, reflejo de un abandono que ha habido los últimos años”, recalcó la ministra Toro, y agregó que “como Ministerio tenemos la labor ahora de, con esta información, ir definiendo un curso de acción para poder ir despejando aquellos lugares que son más urgentes, que son más prioritarios, como algunos donde vemos que claramente hay riesgos geográficos, en las quebradas”.

“Con esta información vamos a evaluar qué desalojo es necesario hacer más urgentemente (…) Tenemos un compromiso para que esta situación no siga proliferando y vamos a priorizar desalojos ahí donde es más urgente”, sostuvo.

La titular de Bienes Nacionales explicó que una de las ocupaciones que más preocupa en Arica, por ejemplo, es la que afecta las líneas de alta tensión, donde la empresa eléctrica debe hacer mantención y que eso “no amenace el suministro eléctrico de la ciudad de Arica. Ese parece ser un lugar prioritario para desalojar”.

La ministra Javiera Toro, además, reiteró que las ocupaciones irregulares son parte de un fenómeno que se da a lo largo del país y que ha ido creciendo durante varios años, pero especialmente durante los últimos dos.

La autoridad subrayó que parte de esta realidad tiene relación con la crisis habitacional, un tema que “el Gobierno está enfrentando desde el día uno”, pero que en otros casos “no tiene que ver con la necesidad y es más bien un aprovechamiento de la situación de emergencia, usando terrenos fiscales, de todas y todos los chilenos, para instalar segundas viviendas, vender loteos irregulares aprovechando la necesidad de familias vulnerables”.