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Tras numerosas conversaciones con los ocupantes y su familia, se han otorgado sucesivas prórrogas para la restitución voluntaria del inmueble. La última, el 4 de julio del presente año 2022, ocasión en que se comprometieron a abandonarlo en un plazo de 30 días, lo que no ocurrió.

La casa de Los Prunos es un inmueble del fisco, de 833 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de más de 230 millones de pesos, en la cual el matrimonio Miranda Araya ha vivido desde el año 1973. El Ministerio de Bienes Nacionales ha otorgado diversas oportunidades y plazos para normalizar su situación, los que no han sido cumplidos por los ocupantes, habitando dicho inmueble fiscal gratuitamente la mayor parte de los últimos 40 años.

En efecto, tras llegar en 1973 a esta casa fiscal, el señor Manuel Miranda la arrendó hasta 1980. En 1983, el Estado le otorgó la posibilidad de compra del inmueble, que no fue concretada porque los interesados nunca presentaron los documentos ni antecedentes necesarios. 

De esta manera, siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004.  

Desde el año 2005, la situación se ha judicializado y los tribunales de justicia han rechazado las pretensiones de los ocupantes. A pesar de los recursos presentados por el matrimonio ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se ha mantenido la sentencia favorable al Fisco que ordena la restitución del inmueble. Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo concretado el día de hoy. 

Si bien el matrimonio Miranda Araya corresponde a personas mayores, se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia. 

El señor Manuel Miranda fue funcionario y luego Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana entre los años 1992 y 1994. Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee.

La recuperación de la casa de Los Prunos permitirá al Ministerio de Bienes Nacionales poner a disposición un inmueble de más de 800 metros cuadrados para satisfacer necesidades sociales en la comuna de La Reina, cumpliendo de esta manera con el mandato de hacer una buena administración de los inmuebles fiscales.

 

Una segunda “Toma VIP” fue desalojada hoy en la Región de Antofagasta. Ordenada por la Delegada Presidencial, Karen Behrens, desde primera hora de este viernes 11 de noviembre, se desplegó el operativo para recuperar el terreno fiscal ocupado ilegalmente en la Caleta Lagarto-Chorales de la Provincia de Antofagasta.

La ocupación era de más de 663.902 mt2 y con una superficie edificada de 1.600 mt2, fuera de los límites urbanos de las comunas de Antofagasta y Mejillones. El desalojo estuvo encabezado en terreno por la seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Angelique Araya, profesionales de la Delegación Provincial, la Municipalidad de Mejillones, y un contingente policial que resguardó la seguridad del operativo. 

La decisión de desalojar esta “Toma VIP” se adoptó luego de cinco notificaciones y tres fiscalizaciones al lugar, el 2020, el 2021 y la última, el 22 de agosto de este año. En ese momento se constató aproximadamente unos 90 cierres perimetrales, de los cuales 30 contaban con construcciones en su interior y tizados, cabañas con características de veraneo y un domo. 

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, condenó a las personas que “llegan inescrupulosamente a terrenos fiscales, demarcan, se apropian, lotean, en algunos casos hemos visto ventas entre comillas, porque no se puede vender algo que no es propio”. A reglón seguido, recalcó que desde el Gobierno “queremos ser muy claros, vamos a actuar con mucha decisión, los terrenos que son de todas y todos los chilenos tienen que estar al servicio de las distintas necesidades sociales, y no pueden ser aprovechados de manera individual para privilegios propios”.  

La ministra Toro puso el acento en la crisis habitacional que vive el país y en los esfuerzos que realiza la administración del Presidente, Gabriel Boric, para dar solución a este problema: “Está el Plan de Emergencia Habitacional, está la política de campamentos del MINVU, está el Ministerio de Bienes Nacionales desde el día uno para poner terrenos fiscales a disposición de la política de vivienda social. Por eso, es tan indignante que mientras estamos haciendo esos esfuerzos, desde distintas instituciones, haya personas que se aprovechen”.

Culminada la primera etapa del desalojo, la seremi Araya agregó que “como Ministerio de Bienes Nacionales queremos dar una señal clara y potente de que no vamos a permitir más tomas, se les acabó el tiempo, ya es mucho el abuso del suelo fiscal, que por lo demás nos pertenece a todas y todos los chilenos”. Explicó que, en Caleta Lagarto, los dueños de esas casas estaban sin permiso, y que desde el 2020 han hecho caso omiso de las reiteradas notificaciones que se hicieron.

Desde la Delegación Presidencial afirmaron que trabajan en base a las solicitudes de los distintos servicios, para generar una Resolución Exenta que permite notificar a las personas que deben salir de manera voluntaria del lugar e indicándoles lo que deben hacer al momento de desalojar. 

Los trabajos de recuperación de este terreno fiscal, dada su extensión, se alargarán por todo el día, y proseguirán durante el fin de semana, ya que, junto con el derrumbe de las casas, se deben recoger escombros y despejar las demarcaciones de loteos.

En el marco de la facultad del Ministerio de Bienes Nacionales para fiscalizar y resguardar los terrenos fiscales, la seremi de Atacama, Mónica Marín, interpuso una denuncia ante la Policía de Investigaciones, por el delito de ocupación ilegal y loteo irregular que se llevó a cabo en el sector de Chamonate, comuna de Copiapó.

En el lugar, un grupo de personas inició la demarcación, división y repartición de más de 100 parcelas de media hectárea – abarcando un total de 52 hectáreas – cada una con un avalúo aproximado de $36 millones por hectárea. Estos hechos serán investigados por el Ministerio Público de la región.

El hecho se conoció gracias a una denuncia ciudadana, ante la que la Delegación Presidencial Regional solicitó a Carabineros concurrir al lugar para recabar antecedentes y así poder actuar de manera preventiva. Asimismo, la Seremía de Bienes Nacionales concurrió con pruebas fotográficas y todos los antecedentes al cuartel de la Policía de Investigaciones, donde la seremi interpuso una denuncia formal contra los responsables.

La ministra Javiera Toro recalcó que el Ministerio es parte de un trabajo intersectorial para hacer frente a las ocupaciones irregulares, fiscalizando, haciendo análisis territorial, revisando caso a caso – para ver si se trata de necesidades habitacionales, segundas viviendas o estafas-, solicitando desalojos cuando corresponda y haciéndose parte de denuncias cuando existan delitos.

“El llamado a las personas es a no caer en estafas de inescrupulosos que lotean y cierran terrenos que no son de ellos y los venden a personas con necesidades. Vamos a seguir priorizando desalojos en aquellos lugares que sean urgentes en desalojar para que no sigan proliferando”, recalcó la ministra Toro.

En la misma línea, la seremi Mónica Marín apeló a “la prudencia de las personas, para que, primero, no actúen a través de intermediarios, sino directamente a través de las instancias adecuadas y legales para adquirir una vivienda o adquirir un terreno. Y luego, llamamos a denunciar cualquier intento de ocupación ilegal, ya sea en zonas urbanas, rurales o en borde costero, a través de los canales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha dispuesto para ello, también en el Ministerio Público, en Carabineros de Chile y/o en la Policía de Investigaciones”.

La autoridad recalcó, finalmente, que a la fecha no existe vinculación o inicio de tramitación alguna en Bienes Nacionales, con estas comunidades o personas naturales, algunas de las cuales, y de acuerdo con denuncias informales, se dedicarían a la venta ilegal de terrenos, y a la estafa de personas que buscan hacerse de un inmueble por la vía irregular.

Cabe recordar que la Ley General de Urbanismo y Construcción en su artículo 138, sanciona a todo aquel que realice actos o contratos que tengan la finalidad de transferir el dominio, con el objeto de crear nuevas poblaciones o comunidades, en contravención a las normas urbanísticas, lo que conlleva una pena que va desde los 3 años y un día, hasta los 10 años de presidio.