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 Cerca de las 8:00 horas de este jueves comenzó el desalojo de 10 cierres perimetrales y 40 ocupaciones que estaban instaladas en un terreno fiscal que colinda con el Programa de Esterilización y Tenencia Responsable de Mascotas (PET) de la Municipalidad de Antofagasta, las cuales venían siendo denunciadas por autoridades regionales desde el pasado 17 de septiembre, así como también por vecinas y vecinos del sector de La Chimba que señalaban tener que lidiar con permanentes quemas ilegales, basurales clandestinos, extracción ilegal de áridos, loteos industriales y habitacionales, además de inseguridad, contaminación y cortes de luz por instalaciones artesanales en alumbrado público.

El desalojo del inmueble fiscal que se conoce como “Lote B” en La Chimba y que tiene una superficie de 67.934 m2, se concretó luego de que el Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y la Seremi de Bienes Nacionales, determinaran la efectiva ocupación ilegal de terrenos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales el 24 de septiembre, ubicados específicamente entre calles Uno Norte, Pirita y Abracita, frente al actual Campamento Villa Ilusión en La Chimba, que también se encuentra instalado de forma ilegal y en el que se intervendrá prontamente.

Escoltados por Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada, funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, encabezados por su autoridad regional, Angelique Araya, y de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, procedieron esta mañana a la notificación y posterior desalojo de las ocupaciones que se levantaban en el lugar, apoyados por pionetas y maquinarias pesadas. 

Tras terminar el operativo, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio, expresó que “el desalojo ocurrido en el sector aledaño al PET municipal de Antofagasta es una acción que demuestra de manera muy concreta que el gobierno no está del lado de los usurpadores ni de la delincuencia como algunos han sostenido, sino todo lo contrario. La pronta restitución evita que se consolide la instalación ilegal e irregular de personas en el terreno fiscal y con ello se previene la estafa de los loteos brujos, la venta falsa de terrenos, la instalación de familias en terrenos sin agua potable, alcantarillado, electricidad y alumbrado público, la creación de basurales clandestinos y la quema de basura, además de asentamientos en los que el crimen organizado puede hacer control territorial. Este desalojo no es una acción aislada. Durante el mandato del Presidente Boric, desde Bienes Nacionales hemos realizado más de 60 desalojos que nos han permitido recuperar cerca de 400 hectáreas de terreno fiscal en el país”. 

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, subrayó que este desalojo ocurre, luego de que ella misma concurriera al lugar en reiteradas ocasiones para que las personas que se están tomando de forma ilegal estos terrenos, desalojaran de forma voluntaria y pacífica. Pero esos esfuerzos para revertir la ocupación, no bastaron. “Les pedimos que abandonaran el inmueble para que no se arriesgaran a perder los materiales utilizados y sus cosas personales al momento del desalojo con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sin embargo, hicieron caso omiso obligándonos a actuar esta mañana. Agradecemos enormemente a los vecinos y autoridades que durante todo este tiempo nos alertaron respecto a estas personas que insistieron en volver al lugar para tomarse el inmueble. La única forma que tenemos de detener estas ocupaciones que tanto daño generan a la ciudad es en conjunto con los vecinos y Carabineros, a quienes aprovecho de agradecer por el apoyo entregado en todo este proceso”.

Por su parte, el delegado presidencial regional (s) de Antofagasta, Miguel Ballesteros Candia, relevó el trabajo coordinado que han realizado con la Seremi de Bienes Nacionales desde que se conocieron las primeras denuncias de los vecinos y vecinas: “Hemos actuado en consecuencia y respetando todos los protocolos establecidos en nuestro rol de coordinadores de estos desalojos. Entendemos las necesidades de vivienda de la gente y nuestro Gobierno está trabajando en resolverlas, pero eso no puede implicar vulnerar las leyes y hacer uso indebido de terrenos que son propiedad del fisco”.

El delegado agregó que el operativo se desarrolló con relativa tranquilidad, a excepción de un grupo pequeño de personas que amenazó con quemar los materiales livianos de construcción, por lo que Carabineros detuvo a tres personas por desacato y por intentar evitar la restitución del bien público mediante el uso de acelerantes.

La delegada también destacó el apoyo que han recibido de fiscalizadores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quienes en este desalojo en el sector La Chimba, se encargaron de verificar, en bruces estratégicos, que los vehículos que abandonaron el terreno tomado no regresaran e impedir el ingreso de otros vehículos con material de construcción. 

ACCIONES

Desde el 17 de septiembre que, tanto la Seremi de Bienes Nacionales como la DRP trabajaban en un plan estratégico para intervenir en esta problemática que afecta a esta instalación municipal y a vecinas y vecinos del sector La Chimba de Antofagasta.

Apenas un día después de que se conocieran las primeras denuncias de estas incipientes ocupaciones ilegales en terrenos aledaños a las dependencias del PET, el 18 de septiembre de 2023, la propia seremi del Ministerio de Bienes Nacionales junto a Carabineros se presentaron en el lugar, sin detectar a ocupantes en el sitio fiscal. Luego, el 24 del mismo mes, los fiscalizadores de la cartera volvieron al lugar, detectando esta vez a 15 personas levantando diversas estructuras. Tras ser advertidos del delito de usurpación no violenta de terreno fiscal y de que se presentarían las respectivas denuncias se fueron, pero a las pocas horas regresaron al lugar donde se podían apreciar dos construcciones y un cierre perimetral, diversidad de materiales de construcción y demarcación de terrenos.

Dos días más tarde, el 26 de septiembre, funcionarios de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, realizaron la primera visita inspectiva al lugar. Lo hicieron con sobrevuelo de dron, instrumento que permitió apreciar dos estructuras de viviendas tipo ruco y algunos cierres perimetrales, además del inicio de demarcación de terrenos fiscales.

El 2 de octubre, en tanto, vecinos denunciaron la continuidad de trabajos de construcción y demarcación de terrenos fiscales en el lugar, frente a lo cual, al día siguiente, funcionarios de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, realizaron una segunda visita inspectiva en el lugar con sobrevuelo de dron, apreciando al menos 10 personas circulando, dos estructuras de viviendas tipo ruco, una carpa, algunos cierres perimetrales y la demarcación del terreno fiscal.

Ese mismo día, la Seremi de Bienes Nacionales realizó además una nueva fiscalización al sector para investigar los trabajos de levantamiento de construcciones y demarcación de terrenos fiscales. En esa instancia, dialogó con las personas que se encontraban en el lugar, advirtiéndoles sobre el inicio del proceso de desalojo del sector con auxilio de la fuerza pública, en caso de no abandonar de forma voluntaria, lo que finalmente se llevó a cabo por las autoridades esta mañana tras una certera coordinación intersectorial que obtuvo como resultado la restitución de 67.934 m2 de suelos fiscales que fueron destacados por la ministra.

“Como ministra estoy en contra de todo tipo de privilegios y abusos que se cometen en contra de los bienes que son de todas las chilenas y chilenos, produciendo focos de inseguridad. En ese sentido, es importante señalar que distinguimos muy bien el aprovechamiento y la criminalidad del déficit habitacional que existe en Chile. Para enfrentar esa problemática, para las familias sin casa, el gobierno del presidente Boric tiene el Plan de Emergencia Habitacional, para el cual constantemente estamos entregando terrenos fiscales. Recientemente dispusimos 11 en Aysén, en la región de Antofagasta estamos entregando más de 40 y en todo el país más de 50 se encuentran actualmente en etapa final de transferencia a los Serviu”, concluyó la ministra Marcela Sandoval.

Tras numerosas conversaciones con los ocupantes y su familia, se han otorgado sucesivas prórrogas para la restitución voluntaria del inmueble. La última, el 4 de julio del presente año 2022, ocasión en que se comprometieron a abandonarlo en un plazo de 30 días, lo que no ocurrió.

La casa de Los Prunos es un inmueble del fisco, de 833 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de más de 230 millones de pesos, en la cual el matrimonio Miranda Araya ha vivido desde el año 1973. El Ministerio de Bienes Nacionales ha otorgado diversas oportunidades y plazos para normalizar su situación, los que no han sido cumplidos por los ocupantes, habitando dicho inmueble fiscal gratuitamente la mayor parte de los últimos 40 años.

En efecto, tras llegar en 1973 a esta casa fiscal, el señor Manuel Miranda la arrendó hasta 1980. En 1983, el Estado le otorgó la posibilidad de compra del inmueble, que no fue concretada porque los interesados nunca presentaron los documentos ni antecedentes necesarios. 

De esta manera, siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004.  

Desde el año 2005, la situación se ha judicializado y los tribunales de justicia han rechazado las pretensiones de los ocupantes. A pesar de los recursos presentados por el matrimonio ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se ha mantenido la sentencia favorable al Fisco que ordena la restitución del inmueble. Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo concretado el día de hoy. 

Si bien el matrimonio Miranda Araya corresponde a personas mayores, se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia. 

El señor Manuel Miranda fue funcionario y luego Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana entre los años 1992 y 1994. Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee.

La recuperación de la casa de Los Prunos permitirá al Ministerio de Bienes Nacionales poner a disposición un inmueble de más de 800 metros cuadrados para satisfacer necesidades sociales en la comuna de La Reina, cumpliendo de esta manera con el mandato de hacer una buena administración de los inmuebles fiscales.

 

Una segunda “Toma VIP” fue desalojada hoy en la Región de Antofagasta. Ordenada por la Delegada Presidencial, Karen Behrens, desde primera hora de este viernes 11 de noviembre, se desplegó el operativo para recuperar el terreno fiscal ocupado ilegalmente en la Caleta Lagarto-Chorales de la Provincia de Antofagasta.

La ocupación era de más de 663.902 mt2 y con una superficie edificada de 1.600 mt2, fuera de los límites urbanos de las comunas de Antofagasta y Mejillones. El desalojo estuvo encabezado en terreno por la seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Angelique Araya, profesionales de la Delegación Provincial, la Municipalidad de Mejillones, y un contingente policial que resguardó la seguridad del operativo. 

La decisión de desalojar esta “Toma VIP” se adoptó luego de cinco notificaciones y tres fiscalizaciones al lugar, el 2020, el 2021 y la última, el 22 de agosto de este año. En ese momento se constató aproximadamente unos 90 cierres perimetrales, de los cuales 30 contaban con construcciones en su interior y tizados, cabañas con características de veraneo y un domo. 

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, condenó a las personas que “llegan inescrupulosamente a terrenos fiscales, demarcan, se apropian, lotean, en algunos casos hemos visto ventas entre comillas, porque no se puede vender algo que no es propio”. A reglón seguido, recalcó que desde el Gobierno “queremos ser muy claros, vamos a actuar con mucha decisión, los terrenos que son de todas y todos los chilenos tienen que estar al servicio de las distintas necesidades sociales, y no pueden ser aprovechados de manera individual para privilegios propios”.  

La ministra Toro puso el acento en la crisis habitacional que vive el país y en los esfuerzos que realiza la administración del Presidente, Gabriel Boric, para dar solución a este problema: “Está el Plan de Emergencia Habitacional, está la política de campamentos del MINVU, está el Ministerio de Bienes Nacionales desde el día uno para poner terrenos fiscales a disposición de la política de vivienda social. Por eso, es tan indignante que mientras estamos haciendo esos esfuerzos, desde distintas instituciones, haya personas que se aprovechen”.

Culminada la primera etapa del desalojo, la seremi Araya agregó que “como Ministerio de Bienes Nacionales queremos dar una señal clara y potente de que no vamos a permitir más tomas, se les acabó el tiempo, ya es mucho el abuso del suelo fiscal, que por lo demás nos pertenece a todas y todos los chilenos”. Explicó que, en Caleta Lagarto, los dueños de esas casas estaban sin permiso, y que desde el 2020 han hecho caso omiso de las reiteradas notificaciones que se hicieron.

Desde la Delegación Presidencial afirmaron que trabajan en base a las solicitudes de los distintos servicios, para generar una Resolución Exenta que permite notificar a las personas que deben salir de manera voluntaria del lugar e indicándoles lo que deben hacer al momento de desalojar. 

Los trabajos de recuperación de este terreno fiscal, dada su extensión, se alargarán por todo el día, y proseguirán durante el fin de semana, ya que, junto con el derrumbe de las casas, se deben recoger escombros y despejar las demarcaciones de loteos.

Con el fin de recopilar antecedentes, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, junto al seremi Rodrigo Díaz, realizaron un sobrevuelo por la ciudad de Arica y alrededores para revisar la situación de las ocupaciones irregulares en la zona y sus características.

La secretaria de Estado agradeció la colaboración de Carabineros para concretar la acción y resaltó que esto permite al Ministerio hacer un análisis territorial y tomar decisiones en cada uno de los lugares, diferenciando además los distintos tipos de ocupaciones que se dan a lo largo de todo el país.

“Vemos una situación que es bastante preocupante, reflejo de un abandono que ha habido los últimos años”, recalcó la ministra Toro, y agregó que “como Ministerio tenemos la labor ahora de, con esta información, ir definiendo un curso de acción para poder ir despejando aquellos lugares que son más urgentes, que son más prioritarios, como algunos donde vemos que claramente hay riesgos geográficos, en las quebradas”.

“Con esta información vamos a evaluar qué desalojo es necesario hacer más urgentemente (…) Tenemos un compromiso para que esta situación no siga proliferando y vamos a priorizar desalojos ahí donde es más urgente”, sostuvo.

La titular de Bienes Nacionales explicó que una de las ocupaciones que más preocupa en Arica, por ejemplo, es la que afecta las líneas de alta tensión, donde la empresa eléctrica debe hacer mantención y que eso “no amenace el suministro eléctrico de la ciudad de Arica. Ese parece ser un lugar prioritario para desalojar”.

La ministra Javiera Toro, además, reiteró que las ocupaciones irregulares son parte de un fenómeno que se da a lo largo del país y que ha ido creciendo durante varios años, pero especialmente durante los últimos dos.

La autoridad subrayó que parte de esta realidad tiene relación con la crisis habitacional, un tema que “el Gobierno está enfrentando desde el día uno”, pero que en otros casos “no tiene que ver con la necesidad y es más bien un aprovechamiento de la situación de emergencia, usando terrenos fiscales, de todas y todos los chilenos, para instalar segundas viviendas, vender loteos irregulares aprovechando la necesidad de familias vulnerables”.