Gracias a esto, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas podrá continuar administrando el inmueble fiscal al cual ha dado vida en los últimos siete años, ahora con la certeza de una concesión que les permitirá hacer inversiones y proyectar su futuro a sus casi 30 años de trayectoria.
Hoy, lunes 9 de marzo, y solo un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó la concesión por 20 años del inmueble ubicado en la comuna de Santiago a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI A.G.), que gracias a esto podrá seguir administrando la casa que actualmente le permite realizar actividades y recibir a las dirigentas regionales que visitan Santiago desde todo el país.
En la oportunidad, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, en una de sus últimas intervenciones como secretario de Estado, manifestó que “hay cosas que parecían imposibles hace cuatro años, cuando en nuestro país no teníamos capacidad de ponernos de acuerdo, pero ya hemos avanzado. Hay muchas cosas que no alcanzamos a lograr, hay muchos desafíos que hay que atender, y para eso necesitamos mantener la esperanza en alto, la confianza entre nosotros, sobre todo la confianza en la acción colectiva, la confianza en la perseverancia para seguir haciendo de Chile un país más justo, más feliz”.

En tanto, Isabel Armijo, presidenta de ANAMURI A.G., recalcó que “esta concesión no llega sola, sabemos que es un reconocimiento a la larga trayectoria, a nuestro trabajo constante por el desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas. Hemos contribuido a la construcción de un feminismo campesino y popular, a la soberanía alimentaria y a la defensa de los derechos humanos. ANAMURI es una organización que resiste y lucha, y ahora más que nunca nuestra tarea es seguir fortaleciéndonos y crear más organizaciones en los territorios, trabajar en formación política, ya no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, y en alianza con nuestras organizaciones amigas, ya que solo la unión nos hará fuertes en estos momentos en donde debemos estar más alertas y vigilantes para no retroceder en los derechos que tanto nos ha costado conquistar”.

Por su parte, Alicia Muñoz, una de las fundadoras de la Asociación, relató parte de la historia de ANAMURI, y quiso “agradecer a todos quienes hicieron posible que esta casa sea nuestra y tengamos tranquilidad por los próximos 20 años. Nosotras no vamos a estar, yo no voy a estar, pero me moriré tranquila, gloriosa, por haberles dejado a las mujeres en el campo una casa, un lugar donde se cobijen, donde vengan a trabajar, una casa por la que luchamos para nuestras mujeres rurales, indígenas y afro”.

ANAMURI A.G. es una organización de carácter nacional, con representación desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén, que recoge la diversidad del mundo rural, especialmente de las mujeres, desde el punto de vista étnico, laboral, cultural, geográfico y regional. Su objetivo es representar y negociar en favor de los intereses y demandas de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Desde su creación, en 1998, han luchado por una agricultura sostenible y por la permanencia de la cultura campesina e indígena en sus tierras y territorios.
La concesión de largo plazo que hoy obtienen corresponde a una ampliación de la concesión gratuita de corto plazo entregada en 2023 (cinco años), precedida de un permiso de ocupación provisorio. Esta iniciativa responde al compromiso del Ministerio de Bienes Nacionales con la transversalización del enfoque de género y con la gestión del patrimonio fiscal desde la equidad territorial.

Se trata de la primera expropiación realizada en el marco de la Ley de Caletas, que beneficia de manera directa a las y los trabajadores de estas unidades productivas. El terreno de más de 17 hectáreas será destinado ahora a SERNAPESCA, que implementará la ley en este borde costero.
Este viernes 6 de marzo se concretó un esperado hito en la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo: el Ministerio de Bienes Nacionales entregó el decreto de expropiación de Caleta Sierra, una unidad productiva con más de 60 años de historia y en la que se desempeñan más de 100 personas. Gracias a esta expropiación, ahora el inmueble será destinado al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que allí implementará la Ley de Caletas, diseñada para entregar certeza jurídica sobre el terreno en el que trabajan las y los pescadores de Chile.
En la oportunidad, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se refirió en extenso a los múltiples problemas que enfrentó el proceso de expropiación e indicó que, por eso, “las y los llamo a que esto no sea solamente una buena historia y una buena noticia para Caleta Sierra, que ahora podrá avanzar en su regularización y en el mejoramiento de su infraestructura y su capacidad productiva y cultural, sino que también lo recordemos como una lección de esperanza para la lucha que tienen que dar otras caletas, y todos nosotros, para hacer de este un país más justo. Sigamos adelante porque se han logrado cosas y eso da fuerza para seguir con ambición”.

Catalina Vega, presidenta de Caleta Sierra, manifestó que “es mucha la emoción porque esperamos esto por mucho tiempo. Esta es una lucha que para nosotros lleva alrededor de 20 años, donde otros dirigentes comenzaron y quizás algunos ya terminaron. Durante todo este tiempo nosotros nos hemos sentido como el patio trasero de la comuna. Agradezco a todas las personas que estuvieron con nosotros, a los que se sumaron al final, a los que estuvieron desde un principio, mi más sincera gratitud”.

Cristian Gómez, director regional de SERNAPESCA, puso énfasis en “un proceso que comenzó con un equipo de diputados y senadores, gente que hay que reconocer, que dijo que se necesitaba una Ley de Caletas, que había que regularizar. Este es un gran proceso, pero para nosotros empieza recién, porque ahora tenemos que pedir la destinación, y estoy seguro de que cuando la estemos entregando, que va a ser más pronto que tarde, aquí va a haber un montón de gente que quizás no sean las mismas autoridades de ahora, pero que son y serán parte de ese proceso”.

En tanto, Héctor Vega, alcalde de Ovalle, señaló que la jornada “es un día histórico, algo que se esperaba hace bastantes años”, y que la Ley de Caletas “viene a emparejar el terreno, y va a permitir la inversión del Estado, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueda regularizar y que las personas puedan tener los dominios de sus propias viviendas, y así seguiremos avanzando con el proyecto”.

Por su parte, el delegado presidencial de la región de Coquimbo, Galo Luna, felicitó el hito y remarcó que “siempre tuvimos la convicción de que esto había que hacerlo, de que esta era una buena decisión que le va a cambiar la vida a muchas personas, a muchas familias, y espero que puedan tener un digno futuro, que sus hijos sigan creciendo acá, que sigan desarrollándose, que siga llegando más gente, que siga creciendo esta caleta tan bonita, que además se ha transformado en un polo productivo para toda la región”.

La expropiación realizada no sólo incorpora el área vinculada a la actividad pesquera, sino también aquellos espacios que forman parte de la identidad de la caleta, como la escuela, la iglesia y los sectores donde se desarrollan las labores propias de la pesca artesanal.

Durante la administración del Presidente Gabriel Boric, la cartera casi duplicó sus ingresos fiscales, aumentó en 291% el suelo destinado a vivienda social y concretó una agenda histórica en memoria, acceso a playas, recuperación de terrenos y modernización del Estado.
El Ministerio de Bienes Nacionales dio a conocer los 10 grandes avances alcanzados entre 2022 y 2026, consolidando una gestión orientada a fortalecer el rol público de la propiedad fiscal, recuperar terrenos para el interés general y poner los bienes del Estado al servicio del desarrollo social, productivo y territorial del país.
- Cifra histórica de ingresos fiscales
Entre 2022 y 2025, el Ministerio generó un promedio anual de 106 mil millones de pesos en ingresos al fisco, casi duplicando los aportes de la administración anterior. Estos recursos provienen de arriendos, servidumbres, ventas y concesiones onerosas de inmuebles fiscales.

- Más del 50% de los sitios de memoria activos gestionados en este periodo
Se destinaron 33 sitios de memoria a organizaciones de derechos humanos, superando el 50% de los inmuebles fiscales actualmente administrados con estos fines. Esto refuerza el compromiso del Estado con la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.

- Aumento histórico de suelo fiscal para vivienda social
Se facilitaron más de 340,9 hectáreas de propiedad fiscal al SERVIU en 16 regiones del país, lo que representa un aumento de 291% respecto de la administración anterior, contribuyendo directamente al Plan de Emergencia Habitacional.

- 25 nuevos accesos públicos a playas
Entre 2022 y 2025 se fijaron 25 nuevos accesos a playas de mar, ríos y lagos en cuatro regiones, equivalente al 30% del total de accesos fijados desde que existe esta facultad legal.

- Más de 29 mil títulos de dominio entregados
Se regularizaron más de 29.800 títulos de dominio de pequeña propiedad raíz, modernizando además los procedimientos y promulgando mejoras legales para facilitar la tramitación y ampliar el acceso.

- Recuperación de más de 1.000 hectáreas ocupadas ilegalmente
La actual administración ejecutó 243 desalojos, recuperando 1.054 hectáreas de terrenos fiscales que estaban en manos de ocupaciones ilegales, habilitando su uso para proyectos públicos y comunitarios.

- Lanzamiento de la Política Nacional de Información Geoespacial
Después de dos décadas de discusión, se concretó esta política estratégica para unificar y optimizar la gestión de datos territoriales, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia.

- Creación de 13 nuevas áreas protegidas en propiedad fiscal
Se apoyó la creación de 9 santuarios de la naturaleza, 3 parques nacionales, 1 monumento natural y la primera Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU), incorporando alrededor de 258.350 hectáreas al patrimonio natural protegido.

- 10 nuevas Rutas Patrimoniales y 6 Rutas de la Memoria
La administración se consolidó como la más productiva en creación de rutas, fortaleciendo el turismo, la identidad cultural y la promoción de los derechos humanos.

- Modernización integral de la gestión del patrimonio fiscal
Se aumentó en 24% la dotación de fiscalizadores, se adquirieron 20 drones, se digitalizaron los trámites a través del Portal Digital y se implementó un Sistema Único de Tramitación, marcando un salto tecnológico de dos décadas en la gestión institucional.

Una gestión que fortalece el rol público de los bienes del Estado
Estos 10 avances reflejan una gestión enfocada en recuperar terrenos para el interés general, fortalecer la transparencia, aumentar los recursos para el país y asegurar que la propiedad fiscal contribuya al desarrollo social, productivo y ambiental de Chile.
El Ministerio de Bienes Nacionales reafirma así su compromiso de administrar el patrimonio fiscal con responsabilidad, eficiencia y sentido público, consolidando transformaciones que quedarán al servicio de las próximas generaciones.
El Ministerio de Bienes Nacionales entregó la concesión gratuita del inmueble fiscal ubicado en Lo Espejo a la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar A.G.C., que ha demostrado enorme responsabilidad y compromiso con el funcionamiento de este importante punto comercial, sobre todo en términos de seguridad y salubridad.
Este jueves 5 de marzo, en Américo Vespucio 1500, en la comuna de Lo Espejo, se celebró un importante hito: la entrega de la concesión gratuita del inmueble fiscal de manos del Ministerio de Bienes Nacionales a la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar A.G.C., que administrará el espacio e implementará mejoras durante las próximas dos décadas.
La historia del Terminal Pesquero Metropolitano, un recinto comercial por el que anualmente pasan cerca de 500 mil personas, ha sido polémica en los últimos años: en 2023, tras diferentes infracciones pesqueras, falencias en materia de infraestructura y sumarios sanitarios, el Ministerio de Bienes Nacionales decidió no renovar la concesión del inmueble del Terminal Pesquero Metropolitano a la agrupación público-privada que había administrado el espacio por veinte años. Fue en ese momento que los propios pequeños empresarios que durante muchos años se habían desempeñado en el lugar, agrupados en la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar A.G.C., solicitaron la concesión. La agrupación administró el inmueble con un permiso provisorio hasta la fecha, y ha demostrado enorme compromiso con el resguardo y buen funcionamiento del terminal.

En la oportunidad, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se manifestó muy feliz de poder entregar esta concesión, que refleja, desde su perspectiva, el giro que durante esta gestión tuvo la cartera que dirige. “Solía haber una concepción de los bienes del Estado como un activo que simplemente estaba ahí, como si el Ministerio de Bienes Nacionales fuera una bodega de la que solo un privado o un sector público particular podía sacar un buen provecho. En el gobierno del presidente Boric nosotros tomamos la conducción del ministerio con una concepción distinta de lo que debe ser el Estado, con la concepción de que sus bienes son activos estratégicos que pueden servir como una palanca para el desarrollo y para el bienestar cuando son gestionados intencionadamente con un fin claro”.

Por su parte, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, reflexionó: “hoy concretamos un paso muy importante para el futuro del Terminal Pesquero Metropolitano y para toda la ciudad. La concesión por 20 años a su asociación de trabajadores no solo reconoce la experiencia y el compromiso de quienes han sostenido este lugar por décadas, sino que también asegura una administración responsable, con mirada de largo plazo, para un espacio que es estratégico para Santiago. Aquí no solo se desarrolla una actividad económica relevante, sino que se garantiza el abastecimiento, el trabajo y el funcionamiento de una infraestructura clave para la alimentación de la región Metropolitana”.

En tanto, Henie Bustos, presidenta de la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar A.G.C., enfatizó que “tenemos muchas proyecciones, queremos hacer algo bello, queremos que este mercado sea lo mejor, el mercado más grande y el más importante del país. Queremos agradecer principalmente a las autoridades que nos han apoyado, a nuestros locatarios, que han estado con nosotros, a nuestro equipo directivo, a nuestro equipo administrativo, por la fuerza, por el interés, por la paciencia para poder avanzar en este hito tan importante para la historia. No puedo dejar de mencionar a Andrés Hidalgo, que ha sido una de las personas fundamentales en este proceso”.

El inmueble abarca 4,4 hectáreas (44.062 metros cuadrados), donde la agrupación mantendrá las oficinas asignadas a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana y SERNAPESCA, con las condiciones necesarias para realizar correctamente sus funciones, especialmente la prevención y la fiscalización de actividades que se desarrollan en el Terminal Pesquero Metropolitana.
Contar con esta concesión le permitirá a la asociación proyectar inversiones, mejoras en infraestructura y mayor formalización del sector.

El excentro de detención y torturas queda hoy en las manos de la Corporación Memoria Borgoño, que gracias a la concesión gratuita de largo plazo de Bienes Nacionales podrá administrar el inmueble y desarrollar el trabajo que permitirá que este sitio de memoria sea un espacio de promoción de la protección de los derechos humanos.
El 10 de diciembre de 2024, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno anunció que la Policía de Investigaciones devolvería al Fisco el inmueble en el que funcionó el centro de detención y torturas Cuartel Borgoño. Sólo seis meses después el Ministerio de Bienes Nacionales le entregó a la Corporación Memoria Borgoño un permiso de uso provisorio del espacio, y hoy, 18 de diciembre, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, finalizó el proceso con la entrega de una concesión gratuita de largo plazo a la agrupación, que dará nueva vida al sitio de memoria.
En la ceremonia, el ministro Francisco Figueroa indicó que “más de la mitad de los sitios de memoria que se encuentran emplazados en inmuebles fiscales, que son la tremenda mayoría, fueron gestionados durante los primeros tres años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Quiero destacarlo para que no se nos olvide, porque es un motivo para estar orgullosos, pero sobre todo para aprender cómo es posible seguir trabajando de esa manera, seguir trabajando bien. De cara al inicio de un nuevo gobierno, es muy importante que a la administración pública se le exija hacerlo cada vez mejor, y que se le exija al Ministerio de Bienes Nacionales, como garante del interés fiscal, administrar de esta manera los inmuebles fiscales”.
Por su parte, Higinio Espergue, presidente de la Corporación Memoria Borgoño, recordó que “decenas de operaciones de exterminio disfrazadas de falsos enfrentamientos fueron planificadas desde el exCuartel Borgoño, y se ejecutaron en todo el territorio nacional, terminando con el asesinato de cientos de opositores a la dictadura. Miles de personas fueron vejadas y torturadas entre sus muros, y al menos ocho detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez en el exCuartel Borgoño. Hoy queremos reafirmar que, así como resistimos y luchamos durante la dictadura, seguiremos luchando por memoria, verdad y justicia siempre. Contra la negación de la historia, Borgoño, sitio de memoria”.
En tanto, el delegado presidencial regional metropolitano, Gonzalo Durán, manifestó que “es muy esperanzador que a estas alturas del gobierno del presidente Boric, a través del Ministerio Bienes Nacionales, se consagre el otorgamiento de la concesión por 15 años de este espacio, porque ello nos da garantías de que sigamos avanzando en este proceso que asegure que Borgoño sea un sitio de memoria para hoy, para siempre, para el futuro, y que, efectivamente, la lucha que tantos y tantas han dado, tenga garantías de continuar”.
En la oportunidad también se entregó un registro fotográfico y audiovisual realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales a diferentes agrupaciones de memoria y derechos humanos, que gracias a esto podrán acceder a materiales inéditos relacionados con los sitios de memoria que resguardan.
Historia del exCuartel Borgoño
En su origen, en 1892, en el edificio se emplazó el Instituto de Higiene de Santiago, una institución que vino a hacerse cargo del manejo de enfermedades asociadas a las condiciones de salubridad de la época y que dio inicio a lo que posteriormente fue el Ministerio de Salud.
El inmueble fue cerrado el 31 de diciembre de 1924 por la Junta Militar que sucedió al gobierno de Arturo Alessandri. En reconocimiento a la importancia para la historia de la salud pública de nuestro país, este edificio fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el 26 de octubre de 1984. Ya entrada la dictadura, en 1977 las instalaciones pasaron de forma arbitraria a la CNI hasta 1988, cuando fueron entregadas a la Policía de Investigaciones.
Diversas violaciones a los derechos humanos, consignadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Valech) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Rettig), fueron realizadas con participación de agentes operativos del exCuartel Borgoño.
El centro contaba con una estructura represiva especializada en contrainsurgencia que llevó a cabo grandes operativos de represión y aniquilamiento a opositores de la dictadura, como la Operación Albania, la Operación Alfa Carbón, la Operación Machete en Neltume, los asesinatos en represalia al atentado a Pinochet, los cinco detenidos desaparecidos en 1987 y los asesinatos de Janequeo y Fuenteovejuna, entre muchos otros.
El futuro de este inmueble fiscal considera el resguardo y promoción de la memoria histórica como excentro de detención y tortura de la CNI, su conservación y valorización en tanto Monumento Histórico y el establecimiento de usos públicos y semipúblicos que beneficien a la comunidad en armonía con la memoria del lugar.

La normativa, aprobada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, moderniza y clarifica el procedimiento de fijación de accesos, con lo que fortalece el ejercicio del derecho ciudadano a acceder libre y gratuitamente a playas de mar, ríos y lagos, y sus cuerpos de agua, lo que viene a superar los vacíos normativos e institucionales vigentes. El proyecto ahora pasará al Senado de la República.
Este miércoles 17 de diciembre, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 86 votos a favor, 15 en contra y 26 abstenciones, el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales, que, entre otros cambios, faculta a los Juzgados de Policía Local a reabrir accesos a las playas de mar, ríos y lagos cuando estén bloqueados, incorpora los cuerpos de agua (y no sólo las líneas de playa) en tanto bienes nacionales de uso público, y suma la investigación científica y la recreación a los fines que justifican la fijación de un acceso.
En la instancia, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, indicó que “de esta manera, el Estado va a facultar al Ministerio de Bienes Nacionales para hacerse cargo de situaciones que hoy impiden la aplicación de la norma que establece el derecho de acceso a las playas, y que están dando a entender a la ciudadanía que hay inacción por parte del Estado. Esa inacción no ha sido por mala fe, no ha sido por negligencia técnica, ha sido porque la norma tenía algunos vacíos de los cuales hoy por fin nos estamos haciendo cargo”. A la vez, la autoridad agradeció “a la Comisión, a su presidente, porque creo que mediante esta innovación estamos permitiéndole a la Administración ser mucho más eficaz a la hora de determinar el acceso a las playas que las y los chilenos consideran un bien público fundamental ligado al ejercicio de sus derechos más fundamentales”.

Este proyecto, que ahora será analizado en el Senado, ayudaría a solucionar diversos vacíos legales y problemas que dificultan el acceso a las playas. Por ejemplo, la desaparición de playas, por intervención humana o como consecuencia del cambio climático, hasta ahora implica una dificultad para fijar los accesos. Pero al incorporar el derecho al acceso a los cuerpos de agua, en tanto bienes nacionales de uso público, permitirá al Estado garantizar el acceso allí donde es sumamente difícil establecer una línea de playa.
Actualmente, los jueces de policía local están facultados para cursar una multa en caso de que los accesos fijados vía resolución sean cerrados u obstruidos. Sin embargo, no tienen la facultad expresa de ordenar su apertura. La nueva ley les entregaría esta competencia, lo que permitiría actuar de manera más rápida y efectiva frente a un potencial bloqueo en el acceso.
Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha fijado casi el 30% de todos los accesos a playas que existen en el país.
En las más de cinco hectáreas fiscales que entregó el Ministerio de Bienes Nacionales, la institución habilitará un polígono de práctica de tiro para el GOPE y para la guarnición de Atacama.
Este viernes, ya terminando su despliegue por la región de Atacama, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se dirigió a la Tercera Zona de Carabineros de Atacama para entregar a la institución un terreno fiscal de 5.54 hectáreas, ubicadas en el sector de Sierra Chicharra, donde Carabineros habilitará un polígono de instrucción y práctica de tiro para el personal del GOPE y de la guarnición de Atacama.

Al respecto, el ministro Francisco Figueroa señaló que “nuestro ministerio ha trabajado codo a codo con Carabineros de Chile para destinar inmuebles y terrenos que permitan apoyar la formación de carabineros y carabineras a lo largo de todo el país. Sabemos que contar con mejor infraestructura fortalece el entrenamiento y preparación de las y los efectivos, y también ayuda a que se formen y permanezcan en sus regiones, en sus comunidades, con lo que la labor policial se acerca a las personas y a los territorios”.

En tanto, el jefe de la Zona Atacama de Carabineros de Chile, general Julio Marabolí, planteó que “esta entrega es muy beneficiosa para nosotros. Sobre todo, porque tenemos nuestras prácticas de tiro, que son el armamento que utilizamos en los servicios que día a día necesitan los carabineros. Acá en la región hay más de 700 efectivos, entonces esto va a traer mucho beneficio para la capacitación de nuestros funcionarios”.

En lo que va de gobierno, el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado 73 inmuebles fiscales para las policías, de los cuales 63 corresponden a Carabineros de Chile.
La concesión de uso oneroso en terrenos fiscales habilita la continuidad de este proyecto estratégico que desarrolla la estatal en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.
En un nuevo paso de la Estrategia Nacional del Litio, el Ministerio de Bienes Nacionales otorgó a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) una concesión de uso oneroso en los Salares Aguilar y La Isla para el proyecto Salares Altoandinos.
El proyecto ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, es considerado uno de los más importantes para el futuro del litio en Chile y cuenta con recursos estimados en más de 15 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente.

La firma de la entrega de la concesión fue materializada en una actividad en Copiapó, que contó con la presencia del ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa y el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, además de la seremi de BBNN, Mónica Marín, entre otras autoridades.
En la oportunidad, el ministro Figueroa destacó que esta concesión es un ejemplo de buen uso de suelo fiscal, y se enmarca en uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Bienes Nacionales, como es colaborar para el avance de la Estrategia Nacional del Litio. “A la fecha, nuestro ministerio ha entregado más de 33 mil hectáreas a proyectos de energía renovable, más de lo que se entregó en el gobierno pasado para el mismo propósito. Esto no sólo habla de un impulso decisivo a la descarbonización de nuestra matriz energética y de la materialización de la Estrategia Nacional del Litio, sino que también contribuye a generar ingresos al país a través de nuestras concesiones onerosas: en los tres primeros años de la actual administración, Bienes Nacionales le generó ingresos al Fisco por un promedio de $109 mil millones anuales, más del doble que el promedio en la administración anterior. Esto habla de una mejor gestión pública, pero también de un Estado gobernado con capacidad de construir acuerdos sociales, la clave para tener un Estado más eficiente en la solución de los problemas del país”, señaló la autoridad ministerial.

La concesión entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales permite la continuidad de este estratégico proyecto, relevó por su parte el vicepresidente ejecutivo de ENAMI. “Salares Altoandinos es el proyecto greenfield de litio más grande de Chile. Esta concesión nos habilita para seguir avanzando y hacer realidad un proyecto que es una tremenda oportunidad para Atacama y el país”, señaló.

El proyecto será desarrollado con altos estándares de sostenibilidad, en una alianza público-privada por la Empresa Nacional de Minería y la angloaustraliana Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo. La inversión de capital estimada por las partes -sujeta al desarrollo de estudios- alcanza los US$ 3 mil millones. El proyecto generaría más de US$15.000 millones para el país durante todo su ciclo de vida. Se espera que las operaciones comiencen en 2032.
Para el desarrollo del proyecto, en el mes de septiembre de este año ENAMI firmó un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), entregado por el Estado de Chile, que autoriza la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio en los Salares Altoandinos, el cual estará vigente hasta 2060.

Cerca de 15 mil metros cuadrados en concesiones gratuitas entregó el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, a la Municipalidad de Tierra Amarilla, que las destinará a la mejora de la Sede Social Unión La Calera y a la modernización del Parque Kellollamu y la Plazoleta Phelps Dodge.
En la Sede Social Unión La Calera, en Tierra Amarilla, se desarrolló este jueves 11 de diciembre la ceremonia en la que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó tres concesiones gratuitas de corto plazo, una para la mencionada agrupación (de más de 2.300 metros cuadrados) y otras dos que permitirán la modernización de la infraestructura del Parque Kellollamu (6.750 metros cuadrados) y la Plazoleta Phelps Dodge (casi seis mil metros cuadrados), todos emplazados en la comuna.

En la actividad el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se dirigió a las y los vecinos y les planteó: “ustedes tuvieron la visión de pensar un destino mejor para terrenos superestratégicos para el sector. Y eso requiere organización, eso requiere ponerse de acuerdo, eso requiere conversación, discrepar, pero, pese a esa discrepancia, ponerse de acuerdo. Me imagino que la tarea tampoco es fácil a la hora de presidir una junta de vecinos, pero miren lo que han logrado. Esto empieza a cambiarle la cara para mejor a este sector de Tierra Amarilla”, señaló la autoridad, quien destacó que la organización y la capacidad de acuerdos en la comuna son un ejemplo para todo el país.

El alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, por su parte, expresó que “para mí es una gran alegría, porque llegar a esta instancia cuesta mucho. Ustedes saben, el primer periodo tuvo hartas peleas y fue bien lento, pero ahora estamos en el primer año de este periodo y estamos saliendo adelante con estos proyectos tan grandes e importantes. Así que me da mucha fe y esperanza de que este periodo, los años que vienen también, van a ser de grandes noticias para todo Tierra Amarilla”.

Gloria Pereira, presidenta de la Junta de Vecinos San Lorenzo, asociada a la Sede Social Unión La Calera, manifestó su agradecimiento y señaló que “estamos muy contentos de saber que vamos a tener el terreno para poder construir nuestra sede. Hace muchos años que venimos peleando por tener nuestra sede, nuestro sector, y yo creo que pronto vamos a tener la primera piedra y vamos a estar felices”.

En el caso de la Sede Social Unión La Calera, la concesión permitirá ejecutar un proyecto de reposición de la infraestructura existente y se destinará parte del mismo inmueble a áreas de recreación y esparcimiento.
El Parque Kellollamu, en tanto, podrá ahora mejorar y modernizar el equipamiento comunitario, y construir un espacio público que facilitará la práctica de entrenamiento callejero para las y los habitantes.
Y en el caso de la Plazoleta Phelps Dodge, la concesión permitirá la construcción de un gimnasio al aire libre y mejorar el suelo de superficies para las prácticas que requieren pavimento de caucho, y adquirir equipamiento para entrenamiento.

Más de ocho mil metros cuadrados de un terreno previamente ocupado de manera irregular se convertirán en una nueva cancha y espacios complementarios aptos para la práctica deportiva en la capital regional, un avance que beneficiará a más de tres mil personas del sector cercano al Mall Plaza Copiapó.

En su despliegue en la región de Atacama, este jueves 11 de diciembre el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, concurrió al sector Entre Puentes para entregar a la Municipalidad de Copiapó la concesión gratuita de corto plazo de un terreno de 8.593 metros cuadrados, que antes fue utilizado como un estacionamiento ilegal, para la construcción de nueva infraestructura deportiva que beneficiará, entre otros, al Club Social y Deportivo Racing de Copiapó y, en total, a cerca de tres mil personas.
En la actividad, que se desarrolló en el sitio ya descrito, el ministro Francisco Figueroa felicitó “no solamente la paciencia, sino que la perseverancia para desarrollar los proyectos que cada uno de ustedes como organizaciones comunitarias y sociales desarrolla en una región que tiene muchos desafíos en materia territorial. Felicitaciones, también, porque lo que ustedes hacen es fundamental para la comunidad de Atacama. Aquí existía un estacionamiento brujo, pero nos hicimos cargo, porque como ministerio no solamente debemos evitar que pasen cosas malas, que no queremos que ocurran, sino que también debemos favorecer que ocurran las cosas buenas”.

En otra importante línea, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, reflexionó que “cuando se pisa este terreno no se está pisando cualquier cancha, se está pisando la historia pura de Copiapó, aquí nacieron jugadores de verdad, cracks de esos que salían de la tierra, del barrio, del esfuerzo. Así que estamos muy agradecidos y felices de recuperar este espacio recreativo y deportivo de nuestra comuna. Desde el municipio nos comprometemos a cuidarlo, equiparlo y ponerlo al servicio de nuestros vecinos, esperando que, de aquí, ¿por qué no? salgan más jugadores destacados, de Copiapó al mundo”.

El delegado presidencial regional, Rodrigo Illanes, recordó las canchas que antaño existían en el sector, las que representaban un peligro por sus precarias condiciones, y apuntó a la relevancia de trabajar de la mano con organizaciones deportivas y sociales: “no es baladí que hoy esté aquí, en esta ceremonia, nuestro Club Deportivo Racing, que es del sector, porque hay un sentido identitario, al igual que ocurre con nuestras comunidades originarias”.
Por su parte, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, planteó “hoy hemos hablado sobre la importancia que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales para impulsar políticas públicas, particularmente en el plano territorial, aquí en nuestra región, dado que el 75% de la superficie de la región de Atacama es de propiedad fiscal, y es administrada, por tanto, por este ministerio”.

El proyecto contempla la construcción de una cancha de 80 x 40 metros con superficie de pasto natural, una zona de vóleibol playa, una zona de calistenia equipada para ejercicios de fuerza y movilidad, y una zona de juegos infantiles con elementos seguros y certificados.
Adicionalmente, Bienes Nacionales entregó más de 267 hectáreas a agrupaciones ancestrales, deportivas, religiosas y sindicales, entre otras, de la región, que gracias a estas concesiones de corto plazo podrán seguir funcionando como organizaciones sociales.

Entre ellas se encuentran la Comunidad Ancestral Ema Piñones, la Comunidad Wayra Manta Tujsi, el Sindicato Independiente de Algueros Recolectores de Orilla Acuicultores del Pacífico, el Club Deportivo Roca Viva de Atacama, la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de Copiapó, el Sindicato de Taxis Colectivos Línea 76 y el Club de Socios y Amistades de la Tercera Edad.