Menú

En el contexto del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, este jueves 26 de junio el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregaron el permiso de ocupación del inmueble del exCuartel Borgoño, centro de detención y tortura de la CNI durante la dictadura, a la Corporación Memoria Borgoño, que comenzará el proceso para convertirlo en un sitio de memoria.

En la oportunidad, tras la entrega de las llaves del inmueble a la agrupación de amigos y sobrevivientes del exCuartel Borgoño, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, recordó que 50% de los sitios actualmente administrados por las agrupaciones de derechos humanos han sido gestionados durante este gobierno, “es decir, la magnitud de lo hecho en estos años es equivalente a lo hecho desde que recuperamos la democracia. Eso es una mezcla de voluntad política y de capacidad de gestión. Otra dimensión que creo que es relevante mencionar es lo que estamos viendo en términos de relativización y cuestionamiento al valor de los derechos humanos y la democracia a nivel mundial y a nivel nacional. Eso nos hace ver que esto es importante no solamente en términos de justicia con la historia, con lo que pasó, sino también para la reconstrucción de las condiciones básicas para la democracia hoy y en el futuro”.

En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, planteó que hitos como este “nos tienen que llamar no solo a la acción, sino a la reflexión respecto de cómo podemos, desde estos lugares, desde el compromiso de las instituciones públicas, trabajar permanentemente por lo que significa el valor de los derechos humanos como base de la convivencia pacífica, como base de la democracia, como base de una cultura que parte desde el respeto. Manifestamos el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que podamos, a través de los distintos planes y programas, y en particular el Plan Nacional de Búsqueda, entregarle a nuestro país, a las generaciones que vienen, un país que pueda respetar de manera irrestricta lo que significan los derechos humanos”.

En tanto, la representante de la Corporación Memoria Borgoño, Patricia Zalaquett, explicó lo que el funcionamiento de este centro significó en la historia de las violaciones a los derechos humanos en Chile: “estamos hablando de una reconversión de la represión, de un perfeccionamiento, una coordinación donde todas las reparticiones e instituciones del Estado actuaron mancomunadamente. Cuando hablamos de Borgoño no hablamos solo de quienes estuvimos secuestrados acá, estamos hablando de una central operativa de la represión perfectamente institucionalizada, coordinada con el Ejecutivo, coordinada con las otras policías, donde se desplegaron operativos a nivel nacional, regional, en concomitancia con otras CNI de otros lugares del país. Estamos hablando de algo muy poderoso y que representa una historia de resistencia que tenemos que reivindicar con altura de miras”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, participó en la actividad en su calidad de sobreviviente del exCuartel Borgoño. La autoridad expresó su expectativa de que los sitios de memoria sean “lugares ojalá muy vivos. Ojalá que tuvieran mucha capacidad de educar, de generar reflexión, de proyectarse hacia adelante, de enseñar lo que se vivió y lo que se vive en otras partes del mundo también. Quiero dar un abrazo a todas las personas que han vivido experiencias de tortura y que estuvieron acá. Los que lucharon por dar este paso que se está dando y los que luchan para que en el futuro este se transforme en un gran centro para reflexionar sobre lo vivido y sobre lo pasado”.

En la instancia también participó el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien indicó que esta “es una buena oportunidad para que todos nos comprometamos para seguir acompañando y apoyando este proceso con el propósito de que este importante paso que se da hoy sea expresión de un camino que tenga muchísimos pasos más hacia el futuro, para garantizar que nunca más en Chile se cometan las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado, para que nunca más tengamos espacios como lo que fue el Cuartel Borgoño, donde se detuvo, torturó, hizo desaparecer a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y para que efectivamente todos contribuyamos a fortalecer una cultura de la memoria”.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, hizo un sentido compromiso: “en los próximos meses, además de este espacio, los edificios colindantes serán entregados al municipio. Yo como alcalde haré la recepción y tengo el compromiso con la Corporación de que sea un espacio completo de memoria. Tener un parque acá en un lugar tan importante como el centro de Santiago para que esto no se olvide. Lo que ocurrió acá es profundamente doloroso para las personas que lo vivieron, pero también para todo un país. Yo soy de una generación política nueva, nacida en democracia. Yo felicito a los ministerios y al empuje que ha tenido la Corporación para que esto ocurra. Independientemente de que yo provenga de un sector político distinto, tengo el compromiso de que este sea un lugar de memoria. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que acá la historia no se olvide”.

Historia del excuartel Borgoño

En su origen, en 1892, en el edificio se emplazó el Instituto de Higiene de Santiago, una institución que vino a hacerse cargo del manejo de enfermedades asociadas a las condiciones de salubridad de la época y que dio inicio a lo que posteriormente fue el Ministerio de Salud.

El inmueble fue cerrado el 31 de diciembre de 1924 por la Junta Militar que sucedió al gobierno de Arturo Alessandri. En reconocimiento a la importancia para la historia de la salud pública de nuestro país este edificio fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el 26 de octubre de 1984. Ya entrada la dictadura, en 1977 las instalaciones pasaron de forma arbitraria a la CNI hasta 1988, cuando fueron entregadas a la Policía de Investigaciones.

Diversas violaciones a los derechos humanos, consignadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Valech) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Rettig), fueron realizadas con participación de agentes operativos del exCuartel Borgoño.

El centro contaba con toda una estructura represiva especializada en contrainsurgencia que llevó a cabo grandes operativos de represión y aniquilamiento a opositores de la dictadura, como la Operación Albania, la Operación Alfa Carbón, la Operación Machete en Neltume, los asesinatos en represalia al atentado a Pinochet, los cinco detenidos desaparecidos en 1987 y los asesinatos de Janequeo y Fuenteovejuna, entre muchos otros.

El futuro de este inmueble fiscal considera el resguardo y promoción de la memoria histórica como excentro de detención y tortura de la CNI, su conservación y valorización en tanto Monumento Histórico y el establecimiento de usos públicos y semipúblicos que beneficien a la comunidad en armonía con la memoria del lugar.

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), a través de su ministra Marcela Sandoval, hizo entrega de un terreno fiscal al Serviu Metropolitano para la futura construcción de viviendas para personas mayores de la comuna de Renca.

Esta entrega que viene a enriquecer al Programa Condominios Viviendas Tuteladas (CVT) para Adultos Mayores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, permitirá construir un conjunto habitacional de 15 viviendas para personas mayores de 60 años que será administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

“El terreno fiscal que hoy le entregamos al Minvu para la construcción de viviendas tuteladas en Renca, es el inicio de un proyecto transformador. En estos 2.874 m2 de suelo fiscal, ubicados a sólo cuadras de la plaza de Renca, se proyecta garantizar una mejor calidad de vida para las personas mayores en Chile”, destacó la ministra Sandoval.

Al mismo tiempo, la titular de Bienes Nacionales relevó que esta entrega de terreno es un nuevo aporte de Bienes Nacionales al Plan de Emergencia Habitacional. “Nuestra cartera se está tomando muy en serio el mandato del Presidente Boric, y por eso, estamos transfiriendo cerca de 483 hectáreas en todo el territorio nacional, lo que equivale a 70 Villas Panamericanas aproximadamente”, añadió.

El Programa CVT está destinado a personas mayores de 60 años, autovalentes, que se encuentren en el 60% de la Calificación Socioeconómica de acuerdo al Registro Social de Hogares y que presentan vulnerabilidad habitacional. Su objetivo es contribuir a que las personas mayores accedan a una solución habitacional y además reciban apoyo, en función de promover su autonomía, pertenencia e identidad.

Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo que “la calidad de una sociedad se refleja mucho en cómo trata a sus adultos mayores y en Chile tenemos problemas con las pensiones, con los servicios y las condiciones para vivir en las distintas etapas de la vida. Por eso, el programa de Condominios de Viviendas Tuteladas busca crear un espacio para que las personas mayores cuenten con condiciones básicas, donde puedan compartir con otras y tengan el apoyo de otros organismos del Estado. El Minvu está encargado de construir este condominio, estamos construyendo 29 de este tipo en todo el país, y es la voluntad del Presidente Gabriel Boric que esta política resulte, por lo que nos ha encargado ponerle el mayor esfuerzo y rapidez en sacarla adelante”.

El terreno de 2.874 m2 está ubicado a dos cuadras de la plaza de Renca, es decir, en un área con acceso a transporte, equipamiento y servicios, lo cual es un punto vital para avanzar hacia un Chile más justo y equitativo.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de Senama, celebrará un convenio de operación con la Municipalidad de Renca, para la administración de este futuro conjunto habitacional público que aborda desde una perspectiva de los cuidados, a la dignidad de sus residentes a partir de un espacio con privacidad y una vida en comunidad.

“Esta es una excelente noticia para las personas mayores y contribuye directamente al objetivo que se ha propuesto nuestro Gobierno a través de Senama de garantizar un envejecimiento digno, activo y saludable. Hace 12 años que no se había podido edificar este tipo de dispositivos en la Región Metropolitana y eso hoy se logra gracias al trabajo articulado del Estado. Este Condominio de Viviendas Tuteladas es un tremendo aporte a los numerosos esfuerzos que estamos realizando para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y es parte de lo que estamos construyendo en el Sistema Nacional de Cuidados”, señaló, por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia Javiera Toro.

Con este acto de entrega del terreno fiscal por parte del MBN al Serviu regional, la comuna de Renca está dentro de los 12 municipios favorecidos en la Región Metropolitana, con terrenos para el desarrollo de viviendas tuteladas que sumarían más de 200 inmuebles de diversas características.

“Después de varios años intentándolo, hoy logramos la articulación de distintos ministerios para anunciar que en Renca se construirá un nuevo proyecto de viviendas tuteladas. Un gran paso para seguir construyendo nuestro sistema comunal de cuidados Renca te Cuida, ya que pronto contaremos con dos espacios de apoyos y cuidados: Cediam y Rehue. También, se construirá la segunda farmacia comunitaria y es así como se transforma nuestro centro cívico y nuestra comuna”, concluyó el alcalde de Renca, Claudio Castro.

 

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio, concretó la entrega al Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén de 11 terrenos fiscales, equivalentes a casi 41 hectáreas, para la construcción de futuras viviendas dignas y propias en la región.

La transferencia de terrenos beneficiará a 7 de las 10 comunas de la región (Guaitecas, Cochrane, Río Ibáñez, Chile Chico, Lago Verde, Tortel y Coyhaique), lo que fue relevado por la Ministra Sandoval como un aporte fundamental de Bienes Nacionales al plan de gobierno que tiene como objetivo enfrentar el déficit habitacional en todo el país. En términos económicos, los terrenos están avaluados en más de $3.580 millones.

La ceremonia de transferencia se concretó este miércoles en Coyhaique, donde la secretaria de Estado, autoridades regionales, alcaldes y familias de comités de vivienda se congregaron en el gimnasio fiscal en un masivo acto.

Al respecto, la ministra destacó que “es fundamental que el Estado sea capaz de dar solución a una necesidad tan básica como la vivienda digna y propia, por lo que contribuir al Plan de Emergencia Habitacional de manera tan masiva y contundente como lo hacemos hoy, demuestra el compromiso que tiene nuestro gobierno y el Presidente Boric con el bienestar de las familias de todas las localidades. Nuestro rol como ministerio de Bienes Naciones es vital y se muestra con fuerza en transferencias como éstas: disponemos del suelo para transformar las vidas de chilenos y chilenas”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, también valoró esta transferencia de terrenos desde Bienes Nacionales, y recordó que el propio Presidente “instruyó en enero pasado a todos los servicios públicos que aporten con suelos para alcanzar las metas del Plan de Emergencia Habitacional que desarrollamos desde el Minvu y esta entrega responde a ese sentido de cooperación y de urgencia que nos ha pedido el Presidente para cumplir con las familias chilenas”.

En el caso particular de Aysén, estos terrenos fiscales aportados por Bienes Nacionales contribuyen con creces para la meta regional del Plan de Emergencia Habitacional, destacó el titular de Vivienda.

“A agosto pasado, hemos terminado 312 viviendas, tenemos otras 972 en ejecución y 138 están listas para iniciar. Es decir, estaríamos en condiciones de entregar 1.422 soluciones habitacionales en este periodo de gobierno y superar la meta para la región que era de 1.293” y agregó que “esta entrega de terrenos es un aporte fundamental que estimamos nos permite construir cerca de 1.450 viviendas para familias de siete comunas de la región. De esta forma, no solo abordamos la necesidad de viviendas, sino que avanzamos en llegar a todas las regiones y comunas del país y que el Estado se haga presente también en ellas”.

Las familias celebraron este paso hacia la vivienda, propia y digna, luego de las gestiones intersectoriales aceleradas por el Estado durante este periodo de gobierno. En representación de los cientos de familias beneficiadas, Natalia Moreno Zapata, representante de los comités Chacra G12 de Coyhaique, expresó la felicidad de las vecinas y vecinos de la región.

“Estas son las acciones concretas que uno espera de la autoridad. La entrega de terrenos nos da pie para que se pueda empezar a trabajar lo que es la mecánica de suelo, los estudios topográficos. Entonces, esto es una señal concreta de que este proceso va a avanzar súper rápido, espero, para que la gente pueda acceder al derecho a la vivienda digna pronto”, indicó la dirigenta.

VIVIENDAS DESDE COYHAIQUE HASTA TORTEL

Esta masiva entrega de suelo fiscal para la construcción de viviendas sociales también tiene un sello descentralizador. En este contexto, la ministra Sandoval relevó el caso de la isla de Melinka, comuna de Guaitecas, donde hace más de 25 años que el Estado no había dispuesto soluciones habitacionales para las comunidades, y que con esta transferencia resolverá la demanda de 50 familias.

“Quiero destacar el caso emblemático de la localidad de Melinka, donde gracias a esta transferencia, Serviu ya está trabajando para que las familias puedan cumplir un sueño que lleva muchos años esperando. En ese sentido, quiero destacar que no es solo Coyhaique como capital regional la que se beneficia con nuestras transferencias de suelo fiscal, también estamos llegando a otras localidades rurales aisladas”, destacó la ministra, quien estuvo acompañada en las actividades por la seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend.

A nivel nacional la meta del Plan de Emergencia Habitacional es entregar 260 mil viviendas. De acuerdo a las cifras del Minvu, a la fecha se han entregado 75 mil, 130 mil están en ejecución y 67 mil por iniciar su construcción.

El aporte del Ministerio de Bienes Nacionales en esta política es clave, dado que a nivel nacional la cartera está transfiriendo más de 130 terrenos, de los cuales 53 se encuentran en etapa final de tramitación, los que suman 227 hectáreas.

 

 

 

El ministro de Vivienda y Urbanismo y presidente de Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), Carlos Montes, junto a sus pares de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, reafirmaron el compromiso del Gobierno de enviar un proyecto de ley, este año, para ordenar la planificación del área rural y evitar que las personas habiten en zonas de riesgo.  Así lo manifestaron durante el seminario “Habitar de Forma sostenible el territorio rural”, realizado hoy en Santiago, iniciativa que es parte de un proceso de diálogo con la sociedad civil, para robustecer la iniciativa legal con miras a su futura discusión legislativa.

“Este encuentro surge por la situación grave que vive el país. Chile se viene subdividiendo en parcelaciones. Ya tenemos 350 mil parcelas que están generando un impacto medio ambiental, alimentario, ya que la tierra para producir es cada vez más escasa, y también, para los municipios que están recibiendo presiones indebidas para la provisión de servicios. Este tema está relacionado con la catástrofe que estamos viviendo por los temporales y por la ausencia de una mirada planificadora que anticipe los conflictos y riesgos”, dijo el ministro Montes.

A su turno, el ministro de Agricultura sostuvo que desde que asumió la cartera “junto al SAG, dijimos que se acabó la chacota, esta explosión de parcelas dañando los territorios, se acabó esta locura de no preguntar a ningún otro ministerio respecto de parcelaciones en los bordes de ríos como loteos brujos”.

El secretario de Estado agregó que “felizmente ningún jueza o jueza de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones avaló el que era ilegal lo que habíamos hecho, entonces vamos a seguir en eso, es muy importante seguir en esta consulta a las divisiones de desarrollo urbano de las Seremi de Vivienda de cada región”.

Para la titular del ministerio de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, “estos espacios de diálogo son la prueba palpable de que, en Chile, valoramos la importancia de la participación ciudadana y también de que podemos repensar en conjunto la manera en que la institucionalidad del Estado aborda la habitabilidad sostenible en el territorio rural. En un contexto de emergencia como la que hoy vivimos en la zona centro sur, el aumento de las parcelaciones y la irregularidad, esto se vuelve urgente. Estoy segura de que estas actividades serán un aporte a la planificación del territorio y al proyecto de ley que está pronto a discutirse. Desde nuestro ministerio sabemos y vemos cada día el enorme valor que tiene el suelo. Y porque el suelo importa y está siendo cada vez más demandado y tensionado por la desertificación, el cambio climático y la expansión de la urbanización, no da igual cómo regulamos su uso y lo protegemos”.

El proceso de diálogo “Habitar de Forma sostenible el territorio rural”, se realizó en cinco zonas del país (norte – Atacama, centro – Valparaíso, sur – Los Ríos, extremo sur – Aysén y en el caso de Santiago se hicieron mesas de trabajo) para asegurar que la discusión contuviera diversas opiniones y las particularidades de la problemática en los distintos lugares.

Cerca de 100 personas participaron de las mesas de trabajo y del hito de inicial en Santiago, otras 350 asistieron a los cuatro diálogos regionales y 2 mil siguieron las transmisiones en vivo de dichos eventos. Entre los asistentes, figuran representantes de desarrolladores inmobiliarios, empresas de servicios e infraestructura, gobiernos y municipalidades, academia y organizaciones sociales, en jornadas nacionales y regionales para recoger opiniones y propuestas de dichas problemáticas.

El proceso, que se realizó entre junio y agosto, recolectó información relevante para reforzar el trabajo que está haciendo el ejecutivo en la redacción de un nuevo proyecto de ley, que será presentado este año a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.

Entre las propuestas e inquietudes que surgieron durante los diálogos figuran la necesidad de aplicar principios precautorios o de incluir a Senapred en la planificación territorial, a raíz de las construcciones en zonas de riesgo; abordar con urgencia la gestión de las aguas; aumentar las áreas protegidas, y así cuidar la biodiversidad, prohibiendo la parcelación en esas áreas, entre otras materias.

Asimismo, la mayoría de los participantes reconoce la ausencia de información, por ejemplo, para cuantificar las razones de compra de terrenos. Por ello, proponen crear un registro único de propiedades rurales del país para dimensionar la problemática y poder disponer de información que permita una mejor planificación territorial.

El   diálogo “Habitar de forma sostenible el territorio rural” se puede visitar en https://www.youtube.com/watch?v=Ybr53x3fg20

 

Con la participación de cerca de 50 entidades y bajo el objetivo de promover el diálogo y conocer las distintas visiones de actores claves frente al crecimiento de parcelaciones rurales en Chile, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a sus pares de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de Bienes Nacionales, Javiera Toro, iniciaron una serie de actividades organizadas por la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) que buscan impulsar un nuevo marco regulatorio que aborde las consecuencias y externalidades de dicho conflicto.

En la primera actividad, que se desarrolló en el Hotel San Francisco, el Ministro de Vivienda y Urbanismo y presidente de la COMICIVYT, Carlos Montes, abordó la problemática, valorando la concurrencia y disponibilidad de los y las asistentes en abrirse al diálogo y buscar puntos de convergencias.

“Tenemos que asumir la realidad y tratar de buscar acuerdos de cómo enfrentarlo. Necesitamos discutir entre otras cosas el sistema tributario y también, un modelo que permita disponer de suelo y áreas protegidas. Este es un diálogo para hacernos cargo de un problema nacional, en el que seamos capaces de generar conciencia y construir alternativas. No es verdad que se quiere impedir la subdivisión, lo que se busca es una manera con objetivos más generales de país”, comentó el ministro Montes en su calidad de presidente de la COMICIVYT.

En esa misma línea el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quienes también integran la COMICIVYT, valoraron estas instancias de conversación y profundizaron sobre las distintas aristas con las que se debe abordar el aumento de parcelaciones rurales en Chile, tales como, desde la perspectiva de la planificación y gestión del territorio, normativa, y del resguardo del suelo agrícola y cuidado medio ambiental.

“Lo nuestro, como ministerio, es el cuidado estratégico de los suelos silvoagropecuarios, que el espíritu del origen del decreto de subdivisión rural rústica se cumpla (…) debemos evitar que bajo el pretexto de este decreto se haga otra cosa. Y desde la ruralidad debemos estar dispuestos a proteger el patrimonio, el suelo y el paisaje rural”, señaló el ministro Valenzuela.

“El crecimiento desregulado de parcelas en zonas rurales con fines residenciales tiene efectos muy nocivos, porque amenaza la actividad campesina, agrícola y la biodiversidad, provoca escasez de agua, pone presión a los municipios, y en muchos casos se configuran loteos irregulares. En este sentido, la preocupación del Ministerio de Bienes Nacionales radica en la alta demanda social por regularizar la pequeña propiedad raíz, sobre todo cuando se ha desvirtuado el uso del Decreto Ley 2695 en favor de loteadores. Dada la necesidad de mayor regulación, el gobierno se ha comprometido a enfrentar esta situación, abriendo este diálogo social para contar con un marco legal adecuado que permita el desarrollo habitacional sustentable en el medio rural y proteja los suelos con capacidad silvoagropecuaria”, declaró la ministra Toro.

La actividad inicial contó además con la participación de cerca de 50 entidades claves como representantes de sector privado, inmobiliarias rurales, gremios y desarrolladores de servicios e infraestructura; fundaciones, ONG´s y organismos cuyo trabajo se enfoca principalmente en el cuidado del medio ambiente; entidades públicas como municipios y gobiernos regionales; y academia y centros de estudios.

Durante la jornada el Secretario Ejecutivo de la COMICIVYT, Pablo Contrucci, presentó cifras que evidencian la problemática. A modo de ejemplo, a nivel nacional aumentaron en un 21,5% los nuevos predios no agrícolas entre el 2021 y 2022 (Fuente: Portal terreno) y en comparación a los Censos 2002 y 2017 el aumento de parcelas de agrado fue de un 56%. También, se revisaron las distintas visiones del problema y experiencias comparadas en otros países como España, Italia (región de Toscana), Colombia y Estados Unidos (Condado de Weld, Colorado).

Diálogo “Habitar de forma sostenible el territorio rural”

Bajo dicho título la COMICIVYT partió con un hito inicial este viernes 16 de junio una serie de actividades que se desarrollarán hasta mediados del próximo mes, que incluyen mesas de trabajo y diálogos en regiones (zona norte, central, costera y sur). Además, de un foro abierto a todo el público en el que expondrán representantes de las mesas de trabajo, regionales y otras personalidades.

Con toda la información recabada, se consolidará un documento final que acompañará al proyecto de ley que ingrese el Ejecutivo al Congreso y que estará disponible para toda la ciudadanía.