- En la playa Cau Cau, las autoridades destacaron el contenido de la nueva iniciativa que fue ingresada hoy al Congreso, la cual permitirá aumentar las capacidades fiscalizadoras para garantizar el libre acceso de las personas a las playas de mar, ríos, lagos, lagunas y sus respectivos cuerpos de agua.
“Las playas son tuyas todo el año” indica la campaña del Ministerio de Bienes Nacionales que busca que las y los habitantes del país reclamen su derecho a ingresar a todas las playas del país para su disfrute o por razones de trabajo.
En un punto de prensa realizado en la playa Cau Cau, Región de Valparaíso, este martes 3 de junio el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, anunciaron que durante la jornada ingresará a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de acceso a playas preparado por Bienes Nacionales, que permitirá ampliar las capacidades de fiscalización de las autoridades, posibilitando que se abran nuevos accesos a playas en el país.
Esta ha sido una preocupación constante del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: durante los tres primeros años de su mandato se han fijado 20 nuevos accesos a playas de un total de 73 accesos fijados desde la década de 1980. Es decir, en estos tres años se ha fijado más del 25% de los accesos de los últimos 40 años.
En concreto, el proyecto de ley incorpora nuevas finalidades para el libre acceso, como la recreación, las actividades deportivas y la investigación. Incluir las actividades deportivas y de investigación suma razones para fiscalizar el acceso a las playas, que son frecuentemente utilizadas con dichas razones, que hasta la fecha no justifican la apertura de accesos. Esta medida, por tanto, beneficia de manera particular al mundo de la investigación científica y la práctica deportiva.
El proyecto de ley, además, faculta a los Juzgados de Policía Local a ordenar la reapertura de accesos, es decir, a través de una sencilla modificación se aumentan los derechos de las personas frente al uso y goce de playas y cuerpos de agua.
Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “esto es un avance porque se actualiza la institucionalidad, se fortalecen los mecanismos para garantizar que se respete la ley y, de esta forma, terminamos democratizando los espacios públicos, permitiendo el acceso a todas las ciudadanas y ciudadanos, así que esperamos que esta iniciativa sea apoyada”.
“De esta forma estamos construyendo un país más justo, porque el hecho de que todos podamos acceder a estos bienes nacionales de uso público, independientemente de nuestro origen social o de los recursos que las personas tengan, da cuenta de un país más justo. Son pequeños actos que hacen la diferencia para construir un mejor porvenir para todas las chilenas y chilenos”, indicó la autoridad.
En tanto, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, planteó: “sabemos que nuestro gobierno ha hecho avances en esta materia, como lo demuestra el número de fijación de accesos, pero sabemos que aún falta camino por recorrer. Por eso decidimos dar un paso más con este proyecto de ley, y esperamos que nos ayude a ampliar el derecho de las personas no sólo para disfrutar de las playas, sino también para acceder a ellas y usarlas para diversos fines. Las playas son de todos y todas todo el año, y el Ministerio de Bienes Nacionales seguirá insistiendo para asegurar ese derecho”.
El proyecto ingresará este martes 3 de junio a la Cámara de Diputadas y Diputados. Una vez realizado este trámite se dará cuenta en la sala y pasará a la Comisión de Vivienda, que pondrá la moción en tabla y citará a las audiencias respectivas para su discusión.

En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; y el director general de PDI, Eduardo Cerna, firmaron el protocolo de acuerdo de restitución del inmueble fiscal ex cuartel Borgoño, lo que permitirá que parte de sus instalaciones sean entregadas en administración a la Corporación por la Memoria del ex cuartel Borgoño. En la ceremonia participó también la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, e Higinio Espergue, representante de la agrupación que reúne a los familiares y sobrevivientes de este ex centro de prisión y tortura.
La firma del protocolo de acuerdo busca formalizar la restitución de este inmueble fiscal, según el cual la PDI declarará la prescindencia respecto de algunos lotes acordados y hace entrega de ellos, por etapas, para que sean administrados por la Corporación Memoria Borgoño y el Ministerio de Salud.
En la instancia, la ministra Tohá expresó que “hacer memoria -como hacemos este martes al conmemorar la Declaración Internacional de DD.HH.- tiene que ver con quienes estaban antes. Pero sobre todo tiene que ver con los que estamos ahora y más todavía con los que vienen después. Porque al cuidar esa memoria estamos cuidando que ellos no vivan de nuevo esta historia, cuidándolos de aquellos que quieren el olvido, la banalización, la ridiculización”.
La jefa de Interior recalcó la presencia del director de la PDI, Eduardo Cerna, haciendo hincapié en que “esto es muy valioso. Este martes no sólo se traspasa un inmueble, sino que se recuerda que esta institución policial, que estuvo del lado de las vulneraciones a los derechos humanos, haya estado después de parte de la investigación, esclarecimiento y castigo de quienes las ejercieron. La PDI en esto ha sido pionera, de las primeras unidades especializadas que lograron avances en este tipo de procesos. Eso también es un acto de reparación, una garantía para el futuro”.
Por su parte, la ministra Sandoval señaló que “esto no tiene que ser pensado solamente en las víctimas del horror, sino también en las generaciones del presente para cuidar lo que tenemos, para hacer ver que las garantías de no repetición son esto, que la ciudad y la ruralidad tienen marcas, de ese horror y evidentemente hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo, recuperarlo, porque es la manera de no volver a repetir esos hechos tan dolorosos”.
El Delgado Presidencial Gonzalo Durán, que tal como señaló en la ceremonia, acompañó y apoyó como ex alcalde de Independencia a las agrupaciones ligadas a este lugar a recuperarlo como sitio de memoria, expresó que “acompañamos el compromiso y el mandato del Presidente de la República, en el sentido de tener una política activa de recuperación de sitios de memoria, de establecimiento de huellas físicas de memoria en cada una de las comunas, en cada uno de los territorios, donde se vivió la tortura, la desaparición, el exterminio de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en el marco de la dictadura, de la represión de la dictadura civil militar”.
Instituto de Higiene de Santiago y centro de tortura y prisión de la CNI
En su origen, se emplazó en este lugar el Instituto de Higiene de Santiago, que fue creado en septiembre de 1892. Esta institución vino hacerse cargo del manejo de enfermedades asociadas a las condiciones de salubridad de la época, dando inicio a lo que posteriormente fue el Ministerio de Salud. El edificio fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico en octubre de 1984 y en 1977 las instalaciones pasaron de forma arbitraria a la CNI hasta 1988, cuando fueron entregadas a la Policía de Investigaciones.
Al respecto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, recordó que “queremos recuperar lo que es la historia del sector, justo este año que cumplimos 100 años de la creación del Ministerio de Salud, recuperando lo que era parte de nuestro patrimonio, justamente para volver a dedicarlo a la vida, a lo que significa tener un Ministerio de Salud, un sistema de salud, un instituto dedicado justamente a proteger la salud de las personas”.
Cabe recordar que según los informes de las Comisiones de Verdad, el mayor número de detenidos de este ex centro de tortura se registró entre 1984 y 1986, hombres y mujeres que fueron conducidos hasta el lugar y fueron mantenidos en su interior sin reconocerse su detención. En la actualidad se conoce del paso de cerca de 27.255 personas por el ex Cuartel Borgoño.
“La recuperación de Borgoño busca construir, con autonomía y carácter participativo, un sitio de memoria abierto a la comunidad para desarrollar una práctica y cultura activa de respeto a los derechos humanos, con especial vinculación con las organizaciones sociales de la comuna de Independencia”, expresó Higinio Espergue, representante de la agrupación que reúne a los familiares y sobrevivientes de este ex centro de prisión y tortura.
Finalmente, el director de la PDI, Eduardo Cerna, expresó que “con esta iniciativa, la PDI renueva su compromiso con los derechos humanos. El compromiso nace en 1991, cuando Chile conocía la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig. Ya en esos años, la Policía de Investigaciones desarrollaba indagatorias a los derechos humanos, con grandes aciertos policiales; que fueron dando vida a lo que hoy conocemos como la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos. Nuestra contribución, como institución, en estas materias no solo está dada en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Hemos incorporado en nuestros planes estratégicos, como pilares esenciales, el respeto a las garantías y derechos fundamentales de todas las personas que habitan el territorio de la república”.
