La ejecución presupuestaria de Bienes Nacionales fue presentada este martes ante la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos por la ministra Catalina Parot. La secretaria de Estado informó los principales resultados alcanzados al 31 de agosto y los lineamientos que orientarán la gestión del Ministerio durante 2027.
Durante la sesión, realizada en Valparaíso, la ministra expuso junto al jefe de la División de Planificación y Presupuestos, Enrique Mercadal.
Al 31 de agosto, la ejecución del gasto operativo del Ministerio alcanza un 61,2%, equivalente a $23.311 millones devengados sobre un presupuesto vigente de $38.114 millones. La cifra se encuentra en línea con la programación ministerial.
Al incorporar los Íntegros al Fisco, la ejecución presupuestaria total alcanza un 104,6%. Estos recursos corresponden a montos que el Ministerio debe enterar al Erario. Al cierre de agosto alcanzaban los $42.518 millones, equivalentes a un 171,2% del presupuesto vigente para este concepto.
“El presupuesto no es un fin en sí mismo: es una herramienta para hacer que el territorio esté al servicio de las personas. En Bienes Nacionales administramos cerca del 56% del territorio nacional y estamos gestionando nuestros recursos con responsabilidad para transformarlo en oportunidades concretas de vivienda, seguridad, inversión y desarrollo para las regiones”, señaló la ministra Parot.
Ejecución presupuestaria: Bienes Nacionales aumenta su aporte de recursos al Fisco
La presentación también abordó la capacidad de Bienes Nacionales para generar ingresos para el Fisco mediante la administración del territorio fiscal. Entre las principales fuentes se encuentran los arriendos, las concesiones y la venta de inmuebles fiscales.
Al 31 de agosto, los ingresos devengados alcanzaron los $81.700 millones, equivalentes al 129,8% del presupuesto vigente.
El principal componente corresponde a las Rentas de la Propiedad. Este ítem registra $72.822 millones devengados, frente a un presupuesto vigente de $33.066 millones.
Gestión regional concentra casi la mitad de la ejecución
La ejecución presupuestaria también refleja el despliegue territorial del Ministerio. Durante 2026, las 16 Secretarías Regionales Ministeriales concentran el 45,6% del devengo de la Partida, reforzando el carácter regional de la gestión de Bienes Nacionales.
Asimismo, durante la exposición se destacó que el ajuste de gasto aplicado al sector público durante 2026 se concentró en gastos de funcionamiento. Esto permitió resguardar programas asociados a la regularización de títulos de dominio, a través de “Chile, país de Propietarios”, y a la recuperación de terrenos.
Los desafíos de Bienes Nacionales para 2027
De cara al próximo ejercicio presupuestario, el Ministerio definió entre sus principales prioridades la recuperación del territorio fiscal y la reducción del rezago en la regularización de títulos.
A ello se suma una gestión más eficiente y estratégica de los inmuebles fiscales y la disposición de suelo para proyectos de seguridad, energía, vivienda e infraestructura.
La transformación digital y el fortalecimiento de los sistemas de información territorial también forman parte de los énfasis para 2027.
Entre las medidas contempladas se encuentra continuar fortaleciendo la licitación pública como mecanismo preferente de asignación. También se proyecta avanzar con el Plan de Ventas #SeBuscaDueño y reforzar la cobranza de morosidades de arrendatarios y concesionarios.
En materia de modernización, Bienes Nacionales continuará avanzando en expediente electrónico, interoperabilidad y utilización del catastro digital. A ello se suma el uso del SNIT e IDE Chile como herramientas para apoyar la toma de decisiones públicas.
La presentación ante la Subcomisión permitió dar cuenta de la ejecución de los recursos públicos y de la generación de ingresos por parte del Ministerio. Asimismo, abordó la administración estratégica del territorio fiscal y su disposición para responder a distintas necesidades del país.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales busca reducir de 18 a seis meses el proceso de regularización de títulos de dominio para familias damnificadas en zonas declaradas en catástrofe. Tras recibir el respaldo unánime de las comisiones de Vivienda y Hacienda, el proyecto de regularización en emergencia quedó en condiciones de ser votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Un nuevo e importante paso dio este miércoles el proyecto de ley que crea un procedimiento extraordinario para la regularización de títulos de dominio en situaciones de emergencia, luego de ser aprobado por unanimidad por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, llegó hasta el Congreso Nacional para participar en la sesión en que se revisaron los aspectos financieros de la iniciativa. Con el respaldo de todos los parlamentarios presentes, el proyecto completó esta nueva etapa de su tramitación y quedó en condiciones de avanzar a la Sala de la Cámara para ser discutido y votado en pleno.
La iniciativa busca entregar una respuesta más rápida a aquellas familias que, después de sufrir una catástrofe, encuentran un nuevo obstáculo para reconstruir sus viviendas debido a que no cuentan con un título de dominio regularizado y deben realizar el trámite de regularización en emergencia.
Actualmente, el procedimiento ordinario puede extenderse por alrededor de 18 meses. El proyecto propone crear un mecanismo extraordinario que permitirá reducir ese plazo a seis meses para personas damnificadas que se encuentren en zonas declaradas en estado de catástrofe.
Respaldo unánime en el Congreso
Tras la votación, la ministra Catalina Parot agradeció el apoyo transversal que ha recibido la iniciativa de regularización en emergencia durante su tramitación, luego de ser aprobada por unanimidad tanto en la Comisión de Vivienda como ahora en la Comisión de Hacienda.
“Este proyecto de ley está destinado a poder ayudar a aquellas familias que han sido damnificadas por una catástrofe. Hoy ya pasamos la Comisión de Hacienda y, por unanimidad, los parlamentarios y las parlamentarias nos apoyaron con este proyecto. Quiero darles las gracias. En el Congreso ha sido una gran satisfacción contar con el apoyo unánime tanto de la Comisión de Vivienda como de la Comisión de Hacienda”, señaló la ministra.
Respecto de la próxima etapa, Parot agregó: “Ahora, en los próximos días, ya vamos a la Sala y espero también que este proyecto tenga un gran respaldo, porque es para ir en ayuda de las familias que realmente lo necesitan en una situación de catástrofe”.
Regularización en emergencia más rápida para apoyar la reconstrucción
Contar con un título de dominio regularizado es fundamental para acceder a subsidios habitacionales y otros beneficios públicos asociados a los procesos de reconstrucción. Por ello, el proyecto busca evitar que un trámite administrativo termine retrasando la ayuda que necesitan las familias afectadas por una emergencia.
Además de acortar los plazos, el procedimiento tendra costos reducidos para las familias, eliminando cobros asociados a publicaciones, certificados, inscripciones y otros trámites necesarios para obtener el título de dominio.
El proyecto de regularización en emergencia no modifica ni reemplaza el sistema ordinario de regularización de la pequeña propiedad raíz. En cambio, crea una herramienta excepcional destinada específicamente a personas damnificadas en territorios declarados en estado de catástrofe.
Asimismo, la propuesta mantiene las garantías jurídicas y la protección de los derechos de terceros, incorporando mecanismos de publicidad y oposición administrativa, al mismo tiempo que facilita el intercambio de información entre instituciones públicas para disminuir trámites y acelerar el procedimiento.
La iniciativa responde a una situación observada tras distintas emergencias que han afectado al país: familias que habitan desde hace años sus viviendas, pero cuya situación de dominio no se encuentra regularizada y que, producto de ello, enfrentan dificultades para acceder oportunamente a los programas públicos de reconstrucción.
Con la aprobación unánime de la Comisión de Hacienda, el proyecto completa una nueva etapa de su tramitación legislativa y avanza ahora a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser votado por el pleno.