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Un tercio del patrimonio natural de la reserva nacional Lago Peñuelas –cerca de 3 mil hectáreas- se vio afectada producto del incendio que asoló a la región de Valparaíso a inicios de febrero y que dejó 131 muertos.

La Fiscalía Regional y unidades especiales de la PDI, como Brigada de Delitos Medioambientales (Bidema) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim), se encuentran indagando el origen del incendio. Una de las pesquisas gira en torno a un tipo de hidrocarburo que fue encontrado en una muestra de cenizas en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales anunció hace algunos días que se encuentra recopilando antecedentes con el fin de oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) -como representante legal del Fisco en temas judiciales- para que la entidad presente acciones contra quienes resultan responsables por el eventual delito de incendio u otros que se puedan configurar a partir de lo ocurrido.

“Estamos recopilando la mayor cantidad de antecedentes posibles para cuantificar el daño, de manera de entregárselos al Consejo de Defensa del Estado para que presente acciones judiciales.  Nuestro objetivo es resguardar el territorio que es de todas y todos los chilenos. Si hubo algún tipo de daño nuestra principal función es revisar si existe algún tipo de intencionalidad”, sostuvo la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

En ese contexto, este martes, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el seremi de Bienes Nacionales de la región, Tomás Covacich, se reunieron con funcionarios de la Conaf y realizaron una fiscalización para catastrar el polígono siniestrado, con sobrevuelo de dron.

El titular de Agricultura indicó que la reserva nacional es un lugar paradigmático, “al final del cerro está el camino antiguo que une Santiago con Valparaíso, y allí es donde eventualmente se generaron los cuatro focos de este incendio. El viento iba hacia Valparaíso y, entre medio, dañó el 37% de las 9 mil hectáreas de conservación de la reserva Lago Peñuelas”.

“Con recursos de la FAO y de CONAF, del programa Siembra por Chile de restauración del bosque nativo, que el Presidente Gabriel Boric impulsó, se ha ido plantando Quillay que han quedado destruidos”, acotó el secretario de Estado.

La Reserva Lago Peñuelas cuenta con más de 9 mil hectáreas. De ellas, más de 3 mil fueron siniestradas y prácticamente 300 de las que resultaron dañadas son de propiedad fiscal.

La Reserva Nacional Lago Peñuelas fue declarada como tal el año 1952, y su patrimonio natural contiene fauna silvestre, flora nativa, suelos y plantaciones forestales que requieren de la conservación del Estado. Entre sus particularidades destacan matorrales esclerófilo andino y esteparios arborescentes; bosques espinosos y esclerófilos costeros; vegetación exótica y algunas plantaciones de ciprés, aromo y álamos.

Sobrevolando

Más temprano, un equipo del Ministerio de Bienes Nacionales junto al seremi Covacich sobrevolaron con drones el campamento Manuel Bustos, Villa Independencia, El Olivar, Villa Dulce, Canal Beagle, El Salto, Monte Sinaí y el Jardín Botánico. En total, aproximadamente 1.300 hectáreas contarán con registros de alta resolución, de manera de ser catastradas.

“Llegamos al campamento Manuel Bustos, uno de los sectores más altos de la comuna de Viña del Mar, en el cual como Ministerio de Bienes Nacionales nos pusimos a disposición –previa coordinación con otras instituciones del Estado- para volar drones de alta tecnología.  Esto, nos ayudará a precisar el grado de afectación y de acuerdo a eso tomar mejores decisiones en miras a la reconstrucción”, indicó Covacich sobre la acción que se realizó en coordinación con el equipo de la ministra enlace en la región, Camila Vallejo, la delegada presidencial regional, Sofía González y el municipio de Viña del Mar.

También, Bienes Nacionales, a través de la Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE Chile) puso a disposición sus equipos técnicos para los municipios de Quilpué y Viña del Mar, cuyas divisiones territoriales realizarán labores colaborativas para llevar a cabo el catastro de las zonas.

Mediante este trabajo será posible la identificación de los sitios damnificados y otras informaciones de carácter territorial, lo que permitirá generar acciones estratégicas durante y después de la emergencia.

Como ministerio del territorio y en su misión de administrar y resguardar el patrimonio fiscal con el fin de entregarlo al servicio de las necesidades sociales, ambientales, culturales y económicas del país en beneficio de sus habitantes; el subsecretario Sebastián Vergara y el seremi metropolitano, Andrés Hidalgo, realizaron una nueva fiscalización.  

En la ocasión, las autoridades evidenciaron un incorrecto uso de dos terrenos, puesto que- después de dos años entregados en concesión- no se evidenciaron avances para los proyectos presentados en el momento de la solicitud de uso.  

Cabe destacar que ambos terrenos fueron adjudicados el año 2021 a la misma institución bajo dos propuestas de proyectos: En primer lugar, la construcción e instalación de un centro de equipamiento y cultivo de hidropónicos para el tratamiento y formación técnico profesional de jóvenes con necesidades educativas especiales y, en segundo, la construcción de un establecimiento educacional técnico profesional. Hasta la fecha sólo se observó cierre perimetral de uno de los terrenos.  

De esta forma, la secretaría regional ministerial metropolitana procederá a la notificación de un incorrecto uso para así- en un plazo máximo de 15 días- recibir respuesta por parte de actual administrador.  

 

 

 

Como Ministerio de Bienes Nacionales administramos y gestionamos el territorio fiscal que le pertenece a todas y todos los chilenos. También, lo ponemos a disposición de las necesidades de la ciudadanía.  

En una nueva fiscalización del buen uso de aquellos inmuebles que entregamos en concesión, junto al seremi metropolitano- Andrés Hidalgo- el subsecretario Sebastián Vergara visitó las instalaciones de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI). La organización, que por más de 20 años ha trabajado por el desarrollo de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, mantiene actualmente un permiso de ocupación el que se pudo constatar que se utiliza de buena manera.  

 

Hasta el 2022, el Ministerio de Bienes Nacionales contaba solo con 4 drones para cumplir su tarea de fiscalización en todo Chile. El número era claramente insuficiente para la magnitud de la tarea, tomando en cuenta que las ocupaciones ilegales e irregulares superan las 19 mil en todo el país.

Esta situación cambiará diametralmente porque desde este mes entrarán en operaciones 12 drones nuevos de última generación, que permitirán no sólo optimizar el tiempo de fiscalización, sino también un control más oportuno del territorio, detectando de forma más rápida y con mayor alcance de cobertura problemas como las tomas y loteos incipientes en terrenos fiscales, además del acceso a playas.

“Desde que asumimos en el Ministerio de Bienes Nacionales nos dimos cuenta de lo extendido y masivo que es el fenómeno de las ocupaciones ilegales e irregulares. Así que esto va a permitir fortalecer nuestra labor, sobre todo en las regiones con más problemas de este tipo y así tomar mejores decisiones para que el territorio fiscal, que es de todas y todos los chilenos, esté al servicio de las necesidades de las personas y tenga como prioridad el bien común. Ese es el compromiso que tenemos como gobierno y el mandato que nos ha dado el Presidente”, destacó la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.

La incorporación de estos drones fue posible gracias al aumento de recursos que obtuvo el ministerio con el Presupuesto 2023, el cual estará enfocado justamente en fortalecer la fiscalización.

Con estas adquisiciones, el ministerio contará con una dotación de 16 drones a nivel nacional, asignados uno por región. Asimismo, están en proceso de contratación 12 nuevos fiscalizadores, aumentando la dotación actual a un total de 49.

Estos esfuerzos en conjunto permitirán incrementar la capacidad de fiscalizaciones anuales de 5.000 a 7.000 a nivel nacional, lo que implicará un 40% de crecimiento en relación al 2022.

Los 12 drones nuevos de última generación (marca Autel modelo EVO II Pro V2) tienen un mayor alcance y autonomía que los actuales (Anafi Parrot), y destacan por su capacidad de operar en condiciones extremas, obtener imágenes de mayor calidad y calcular de modo fácil superficies y volúmenes, lo que es clave para el trabajo en terreno.

Así lo destaca Haroldo Henríquez Aguilera, Jefe de la Unidad de Fiscalización y Tasación de Bienes Nacionales: “Hasta ahora, el ministerio contaba con unos drones de una autonomía baja, que pueden estar tan solo 15 minutos en el aire y tienen un alcance menor, de unos dos kilómetros. Con estos nuevos drones, nosotros estamos multiplicando varias veces y el alcance de la fiscalización en el aire”.

Los nuevos drones tienen una autonomía de 40 minutos de vuelo, pueden llegar a 7 mil metros sobre el nivel del mar, y además cuentan con un gran alcance en horizontal, porque se pueden distanciar más de 7 kilómetros de quien lo está pilotando.

“Eso nos va a permitir fiscalizar grandes extensiones ocupadas en la zona norte, tenemos casos en Arica, Tarapacá, Antofagasta, con ocupaciones que superan las 100 hectáreas, y estos drones nos van a facilitar ese trabajo. Es un tremendo desafío poder estar en cada lugar donde hay un terreno fiscal, y controlarlo. Y eso solo se puede hacer con este tipo de tecnología”, indicó el Jefe de la Unidad de Fiscalización.

Los nuevos drones serán asignados a las regiones con más ocupaciones de terrenos fiscales vigentes a la fecha (Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío, Coquimbo, Tarapacá, Arica y Parinacota, Los Ríos, Valparaíso, Los Lagos, O’Higgins y Maule).

En tanto, los 4 con los que ya contaba el ministerio –y que estaban operando en las regiones del norte del país- ahora serán redestinados a Ñuble, La Araucanía, Aysén y Magallanes, las cuales tienen una menor cantidad de ocupaciones vigentes, de acuerdo con los registros de Fiscalización de Bienes Nacionales.

 

 

 

En el marco del despliegue en terreno del Gobierno, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, lideró este viernes 14 una serie de reuniones con autoridades locales en la región de Tarapacá, para aterrizar, explicar y resaltar los énfasis de la Ley de Presupuesto 2023.

“Este es nuestro primer presupuesto y lo tenemos que presentar en el contexto de años difíciles para Chile y el mundo, y por eso, lo tomamos con mucha responsabilidad, para hacernos cargo de las necesidades de las personas”, recalcó la ministra Toro. 

Durante la mañana, la secretaria de Estado encabezó un gabinete regional, junto al Delegado Presidencial, Daniel Quinteros, el seremi de Bienes Nacionales, Osvaldo Ardiles, y secretarias y secretarios ministeriales de las distintas carteras.

En el encuentro se destacó el aumento relevante que tendrán áreas en la región de Tarapacá en el Presupuesto 2023, como seguridad, educación y fiscalización de bienes fiscales, lo que permitirá tomar una serie de medidas concretas para atender las necesidades de las personas. 

La ministra Toro destacó que en la región habrá un “un aumento de 6% en el presupuesto de educación, que va a permitir tener una cobertura de 81 mil estudiantes en la educación escolar, ampliar la cobertura de la gratuidad a 12 mil estudiantes en la educación superior, mejorar también la infraestructura pública y hacerse cargo de deudas que en la región son importantes. También aumentará el presupuesto para la Pensión Garantizada Universal, para ampliar la cobertura que va a llegar a 22 mil personas en la región”.

En lo que respecta al trabajo de Bienes Nacionales, anunció un inédito aumento de presupuesto para financiar más fiscalizadores y equipamiento que permitan fortalecer el rol de resguardo de los bienes y terrenos fiscales: “Tenemos una agenda fuerte para frenar las ocupaciones irregulares y los loteos irregulares que se producen en terreno fiscal, y que en el norte del país y en esta región están siendo un problema, después de años de abandono y desidia”, sostuvo.

El delegado presidencial Quinteros agregó que en materia de seguridad pública habrá un aumento de un 4,4%, “que se traduce en más vehículos para las policías, en más presupuesto para el Ministerio Público, en más presupuesto para Gendarmería, para iniciar investigaciones y tener control, porque sabemos que tenemos bandas de crimen organizado que están hoy día tras las rejas en nuestras regiones del norte”. 

En el marco de su visita, la ministra tuvo una reunión de trabajo con los parlamentarios de la Región de Tarapacá, precisamente para profundizar con ellos los énfasis en materia de reactivación económica, seguridad ciudadana y social que están plasmados en la Ley de Presupuesto 2023, que está siendo tramitada en el Congreso. 

Ocupaciones ilegales

La primera actividad que tuvo la ministra Toro hoy en la región fue una reunión con el fiscal regional, Raúl Arancibia, para coordinar acciones conjuntas que permitan abordar mejor la persecución de loteadores, y frenar el aumento tanto de las ocupaciones ilegales como de los loteos irregulares, para evitar a tiempo que el control territorial lo tenga el crimen organizado.

“El foco de nuestro presupuesto está en hacer mejor nuestro trabajo de fiscalización, no sólo para resguardar el patrimonio fiscal y que esté disponible para distintas finalidades, como la emergencia habitacional, también para frenar un fenómeno que ha ido creciendo los últimos años y evitar que sigan proliferando las tomas y las ocupaciones irregulares”, recalcó la ministra. 

El propio fiscal Arancibia destacó que “es la primera vez que me reúno con un ministro de Bienes Nacionales por el problema que tenemos de asentamientos irregulares y territorios tomados irregularmente, lo que es un tremendo problema para la Región, no solo por estar situados en terrenos fiscales, sino que dentro de ellos hay una serie de situaciones que nosotros no podemos controlar, no conocemos, y eso trae consigo muchas dificultades. Existiendo la comunicación entre los distintos estamentos, podemos lograr un buen trabajo”.

Sobre la magnitud del fenómeno en la región, el Seremi Ardiles comentó que “en la comuna de Alto Hospicio es donde más tenemos tomas, campamentos, y sobrepasan los 40, tenemos una de las tomas más grandes del país, que es el Paso de la Mula, que pasa ya las 150 hectáreas. Debemos ser capaces de realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, los demás servicios públicos, para dar solución y recuperar los terrenos que están siendo ocupados de manera irregular o de manera ilegal para facilitarlos, por ejemplo, para enfrentar la emergencia habitacional”.