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El Ministerio de Bienes Nacionales entregó 3.500 metros cuadrados de terreno fiscal al Municipio de Copiapó, donde se instalará un nuevo centro orientado a las personas cuidadoras en el contexto del programa Chile Cuida, que ya ha inaugurado 53 de estos centros en todo el país.

Este jueves 11 de diciembre el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, comenzó su visita a la región de Atacama entregando en concesión gratuita de corto plazoen concesión gratuita de un terreno fiscal ubicado en la población Ampliación Prat al Municipio de Copiapó, que, bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, implementará el nuevo Centro de Cuidados de la región.

Se trata de un inmueble fiscal de 3.500 metros cuadrados que, una vez en régimen, tendrá cupo para 120 personas cuidadoras.

En la oportunidad el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, indicó que gestiones como esta “salen bien y salen en tiempo y forma cuando las instituciones trabajan bien en conjunto, y eso ocurre cuando hay buenos liderazgos políticos, porque las cosas no salen automáticamente, salen cuando hay convicción, cuando hay voluntad. Y yo creo que esto es un superbuén ejemplo de cómo un municipio, cómo un gobierno regional y cómo un gobierno central, a través de sus distintos servicios, trabajan en función de las necesidades más urgentes de las personas”.

Por su parte, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, planteó que “desde el municipio estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales y el de Desarrollo Social para generar un nuevo espacio en Copiapó orientado a quienes cuidan, para poner en valor su loable labor, pero también para que ellos tengan un lugar al que concurrir, compartir experiencias, aprender, recibir contención emocional y, por primera vez, tener un espacio dedicado a su propio bienestar. Este centro contará con talleres, capacitaciones, grupos de apoyo, operativos de salud y, muy importante, servicios de relevo para que las cuidadoras puedan participar mientras sus seres queridos están protegidos”.

En tanto, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, subrayó la importancia del Ministerio de Bienes Nacionales en una región donde el 75% del territorio es de propiedad fiscal. Por ello, indicó, “cualquier decisión que queramos tomar, en todos los ámbitos, tiene que estar muy vinculada con esa cartera”.

Chile Cuida, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados de Chile, es un programa social creado en el gobierno del presidente Gabriel Boric a iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y contempla una red que conecta instituciones, programas y servicios para ofrecer apoyos y cuidados a personas que requieren asistencia en actividades diarias y a las personas cuidadoras.

Los Centros Comunitarios de Cuidados, dependientes de Chile Cuida, son centros enfocados en las personas cuidadoras a partir de sus intereses, que incluyen talleres, capacitaciones, contención emocional, grupos de autoayuda, intervenciones psicoeducativas para el cuidado, operativos de salud y de servicios públicos, actividades comunitarias, entre otros.

Según el último reporte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, en la comuna de Copiapó un total de 1.655 personas poseen la credencial de persona cuidadora. De ellas, 1.464 son mujeres y 191 son hombres. A nivel nacional hay 233 mil personas cuidadoras registradas en el Registro Social de Hogares.

 

Así concluye la segunda etapa de la entrega progresiva del sitio de memoria a la agrupación de víctimas y familiares de este excentro de detención, tortura y desaparición forzada, que lo administrará para realizar actividades de educación en materia de derechos humanos y otras instancias culturales que promuevan el valor de la democracia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la desafectación de la tercera etapa.

Los ministros de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, encabezaron hoy una ceremonia en conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en el sitio de memoria Tres y Cuatro Álamos, en San Joaquín. En la instancia la autoridad de Bienes Nacionales entregó a la Corporación Tres y Cuatro Álamos la concesión de largo plazo de las etapas 1 y 2 del inmueble y las placas que lo distinguen como hito de la Ruta de la Memoria de la región Metropolitana, mientras que el ministro Gajardo anunció la desafectación de la etapa 3 del sitio.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, hizo hincapié en el trabajo en materia de derechos humanos que ha realizado el Ministerio de Bienes Nacionales, e indicó que “nunca más debemos permitir que la gobernabilidad sea una excusa, que se manosee el concepto de gobernabilidad para eludir las responsabilidades que tiene el Estado con la no repetición, con la verdad y con la justicia. Durante mucho tiempo ese fue el argumento para no recuperar muchos de estos inmuebles que están en manos de instituciones de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Y se ha hecho en el gobierno del presidente Gabriel Boric sin que a nadie se le caiga el pelo, sin que se haya generado ninguna crisis política, ninguna crisis de gobernabilidad, y se hizo con la colaboración de todas las instituciones”.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, puso énfasis en que “este acto representa mucho más que la entrega de un inmueble fiscal. Es la reafirmación de un principio que guía nuestro quehacer institucional: que, sin memoria, no hay justicia posible, y sin justicia no hay democracia que se sostenga en el tiempo.

Sabemos que este espacio no es un lugar cualquiera. Aquí, entre 1974 y 1977, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Aquí operó, bajo la fachada de legalidad, un sistema de represión que buscaba anular la dignidad humana. Miles de personas pasaron por este recinto, muchas de ellas en condiciones inhumanas, incomunicadas, torturadas, privadas de todo derecho. Hoy, al concretar la entrega a la Corporación que ha luchado por recuperar y preservar este sitio, estamos reconociendo el trabajo incansable de quienes han resistido el olvido”.

En nombre de la Corporación Tres y Cuatro Álamos habló su presidenta, Shaira Sepúlveda, quien manifestó: “largo es el camino recorrido, ¡casi 20 años!, durante los cuales nos ignoraron, nos cerraron puertas, nos pusieron barreras. En esos largos años perdimos compañeros y compañeras que soñaron este momento sin poder verlo. Por eso creo que es necesario ser correctos y rigurosos, y reconocer que fue el gobierno del presidente Gabriel Boric el que nos escuchó, se comprometió y ha cumplido su promesa con Tres y Cuatro Álamos”.

A la actividad también asistió el Premio Nacional de Arquitectura y sobreviviente de Tres y Cuatro Álamos, Miguel Lawner, quien recordó su paso por el excentro de desaparición y tortura y señaló que “esta Corporación ha sido ejemplar en su lucha por recuperar este espacio por el cual pasaron varios miles de compañeros, algunos de los cuales ya no volvimos a ver. Me parece muy importante que se haya dado el paso junto a las autoridades del Gobierno por formalizar la entrega a nuestra Corporación de este lugar, con el cual todos nosotros contraemos el compromiso de transformarlo en un ejemplar sitio de memoria”.

En enero de 2024 autoridades de los ministerios de Justicia y de Bienes Nacionales firmaron el compromiso de traspaso progresivo del edificio. Dicho compromiso había sido anunciado en julio de 2023 por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la actividad “Arboles por la Memoria”, realizada en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en las afueras del establecimiento, ubicado en calle Canadá, comuna de San Joaquín.

Tres y Cuatro Álamos, que funcionó entre 1974 y 1976, fue el centro de reclusión y tortura por el que pasaron la mayor cantidad de prisioneros políticos tras el golpe de Estado de 1973, aproximadamente 6 mil personas.

Los detenidos en el sector Tres Álamos, que era administrado por Carabineros, estaban reconocidos como tales y podían recibir visitas. Cuatro Álamos, en tanto, era un centro clandestino controlado por la Dirección de Inteligencia (DINA) y algunos de los prisioneros y prisioneras que permanecieron en él son considerados como detenidos desaparecidos hasta hoy.

Actualmente el 50% de los sitios de memoria que son administrados por organizaciones de derechos humanos en Chile han sido gestionados durante los tres primeros años de gobierno del presidente Boric. Se trata de renovaciones y 10 nuevas concesiones gratuitas otorgadas sobre inmuebles fiscales que fueron centros de detención, tortura y exterminio, y que en esta gestión fueron recuperados del abandono y del olvido, todos ellos monumentos nacionales.

En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, hito N°6 de la ruta, que contempla 46 puntos distribuidos en cinco circuitos, se lanzó el recorrido que permite que todas las personas puedan visitar sitios que recuerdan las violaciones a los derechos humanos en la capital.

Este miércoles 10 de septiembre, en la antesala de una nueva conmemoración del golpe de Estado de 1973, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, junto a la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), María Fernanda García, lanzó la Ruta de la Memoria de la Región Metropolitana, que contempla 46 lugares distribuidos en cinco circuitos.

En la oportunidad, en la que además se firmó el convenio de administración de la Ruta de la Memoria con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se refirió a la relevancia de estos recorridos y al esfuerzo que ha hecho este gobierno por multiplicarlos.

“Al inicio de nuestro gobierno existían cuatro Rutas de la Memoria. Me complace anunciar que hoy, tras tres años de gobierno del presidente Boric, hemos alcanzado ocho rutas de la memoria, y estamos trabajando para lanzar otras dos en Los Lagos y Biobío. Adicionalmente, tenemos el deseo, creo que vamos a lograrlo, de que en todas las regiones haya sitios de memoria recuperados y también administrados por organizaciones de derechos humanos locales”.

Por su parte, la directora del museo, María Fernanda García, además de referirse en detalle a la Ruta de la Memoria de la Región Metropolitana, puso énfasis en que “lo más relevante es que este trabajo se desarrolló a través de un proceso participativo, recordándonos que el ejercicio de la memoria es un proceso vivo, en constante transformación, y que tiene una importancia colectiva”.

Durante la ceremonia se firmó un convenio adicional que permite la entrega de material gráfico y audiovisual, elaborado para el Ministerio de Bienes Nacionales por el fotógrafo Cristian Acosta y el audiovisual Juan Pablo Riveros, que muestra la realidad de 14 sitios de memoria. Gracias a la firma de este traspaso el material quedará resguardado y podrá ser difundido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Al respecto, el ministro Figueroa indicó: “los gobiernos cambian, tienen programas con prioridades puntuales, pero lo que no debe cambiar es el compromiso del Estado con los derechos humanos, y el MMDH, como guardián de la memoria, es la institución que mejor se puede realizar este resguardo. Estamos muy contentos con este paso”.

La Ruta de la Memoria de la región Metropolitana contempla cinco circuitos que cruzan cinco de sus seis provincias y 24 de sus 52 comunas. Integra 46 hitos de memoria, con aproximadamente 250 kilómetros de extensión. Entre estos hitos se cuentan el Palacio de La Moneda, el Estadio Nacional y sitios de memoria como Villa Grimaldi, Londres 38, 3 y 4 Álamos y la Casa de Memoria José Domingo Cañas. Toda la información necesaria para hacer este recorrido está disponible en https://rutas.bienes.cl/ruta_patrimonial/ruta-de-la-memoria-region-metropolitana/

En 2007 se diseñó la primera Ruta de Memoria en la Región Metropolitana, en el marco de políticas públicas de reparación relacionadas con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Así se iniciaba un trabajo de puesta en valor, identificación y visibilización de un patrimonio doloroso que se hacía necesario mostrar a la ciudadanía. Actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales cuenta con ocho Rutas de la Memoria. En 2025 se crearán las Rutas de Biobío y Los Lagos.

El Ministerio de Bienes Nacionales entregó la concesión gratuita de largo plazo del sitio de memoria Irán 3037, excentro de detención y tortura conocido durante la dictadura como “Venda Sexy”. En la actividad también se abordaron los detalles de la reparación que se ha realizado en el lugar con financiamiento de la subsecretaría de Derechos Humanos.

Este martes 9 de septiembre, en la antesala de la conmemoración del 11 de septiembre, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, se reunieron en una emotiva ceremonia con la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy para entregar la concesión de largo plazo del inmueble fiscal que durante la dictadura funcionó como centro de detención, tortura y violencia sexual.

En la actividad, Montserrat Figuerola, coordinadora de Irán 3037, presentó los resultados del proyecto financiado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, “Reparación y habilitación del espacio comunitario y de trabajo del primer piso del Sitio de Memoria Irán 3037, excentro secreto de secuestro, tortura, violencia política sexual y exterminio Venda Sexy”, y se entregaron las placas que distinguen a este sitio como uno de los hitos de la Ruta de la Memoria de la región Metropolitana.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, planteó que “septiembre es un mes donde se guarda mucho silencio. Y septiembre no es en Chile un mes donde se deba guardar silencio. Porque el silencio, así como las palabras, tiene mucho significado. Y el silencio en septiembre, en Chile, significa no expresar el dolor de las víctimas, significa relativizar las violaciones a los derechos humanos, y significa, en la práctica, colaborar con el ocultamiento de la verdad. El silencio es el ruido que hace la impunidad. Es un silencio que contribuye a que no se asegure la no repetición de las atrocidades. Y en un contexto político como el actual, mundial y nacional, donde se levantan las banderas del negacionismo, de la agresividad, tenemos la responsabilidad de nombrar la verdad”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que “hoy no nos enfrentamos solamente a la idea de olvido, sino también a un brutalismo comunicacional y político en el que no solamente se dice que lo que no me beneficia directamente a mí es injusto, tratando de borrar toda la comunidad, sino que también se trata de reivindicar el terrorismo de Estado. Lo que ocurre hoy acá es una voluntad del Estado que nos permite pensar que es posible mostrarles a personas nuevas, que están expuestas a este brutalismo y a esa reivindicación del horror, que hay otros caminos”.

En sus palabras la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, puso énfasis en la “necesidad de adecuar nuestra normativa y nuestras instituciones para permitir que estos espacios no tengan que estar concursando y generando ideas y proyectos para poder existir. Ese es el espíritu que ha inundado el trabajo prelegislativo que hemos estado haciendo para la presentación del proyecto de Ley de Sitios que nuestro Gobierno ha comprometido. Reafirmamos ese compromiso, lo vamos a hacer y vamos a avanzar en tramitar esa legislación para permitir y garantizar que los espacios de memoria puedan hacer su labor y su tarea en las condiciones dignas que merecen”.

Alejandra Holzapfel, presidenta de la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy, se refirió al rol que ha jugado la institucionalidad en la reparación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: “hay que decirlo: el Estado ha llegado tarde y muchas veces con indiferencia. Es por eso que debemos agradecer la empatía de este gobierno joven que nos llena de esperanza ahora, que la lucha por la memoria se hace realidad, por responder de manera concreta con la entrega de esta casa y convertirla en un sitio de memoria”.

Este es el paso que faltaba para que la asociación tomara el control del inmueble. En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 el Gobierno expropió la casa gracias a las gestiones impulsadas por el Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con las organizaciones de derechos humanos y distintas reparticiones del Estado. Irán 3037 fue uno de los cuatro principales centros de detención de la dictadura en Santiago, y en 2016 fue declarado Monumento Histórico.

A la actividad también concurrieron el subsecretario de Interior, Víctor Ramos, y el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán.

En el contexto del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, este jueves 26 de junio el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregaron el permiso de ocupación del inmueble del exCuartel Borgoño, centro de detención y tortura de la CNI durante la dictadura, a la Corporación Memoria Borgoño, que comenzará el proceso para convertirlo en un sitio de memoria.

En la oportunidad, tras la entrega de las llaves del inmueble a la agrupación de amigos y sobrevivientes del exCuartel Borgoño, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, recordó que 50% de los sitios actualmente administrados por las agrupaciones de derechos humanos han sido gestionados durante este gobierno, “es decir, la magnitud de lo hecho en estos años es equivalente a lo hecho desde que recuperamos la democracia. Eso es una mezcla de voluntad política y de capacidad de gestión. Otra dimensión que creo que es relevante mencionar es lo que estamos viendo en términos de relativización y cuestionamiento al valor de los derechos humanos y la democracia a nivel mundial y a nivel nacional. Eso nos hace ver que esto es importante no solamente en términos de justicia con la historia, con lo que pasó, sino también para la reconstrucción de las condiciones básicas para la democracia hoy y en el futuro”.

En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, planteó que hitos como este “nos tienen que llamar no solo a la acción, sino a la reflexión respecto de cómo podemos, desde estos lugares, desde el compromiso de las instituciones públicas, trabajar permanentemente por lo que significa el valor de los derechos humanos como base de la convivencia pacífica, como base de la democracia, como base de una cultura que parte desde el respeto. Manifestamos el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que podamos, a través de los distintos planes y programas, y en particular el Plan Nacional de Búsqueda, entregarle a nuestro país, a las generaciones que vienen, un país que pueda respetar de manera irrestricta lo que significan los derechos humanos”.

En tanto, la representante de la Corporación Memoria Borgoño, Patricia Zalaquett, explicó lo que el funcionamiento de este centro significó en la historia de las violaciones a los derechos humanos en Chile: “estamos hablando de una reconversión de la represión, de un perfeccionamiento, una coordinación donde todas las reparticiones e instituciones del Estado actuaron mancomunadamente. Cuando hablamos de Borgoño no hablamos solo de quienes estuvimos secuestrados acá, estamos hablando de una central operativa de la represión perfectamente institucionalizada, coordinada con el Ejecutivo, coordinada con las otras policías, donde se desplegaron operativos a nivel nacional, regional, en concomitancia con otras CNI de otros lugares del país. Estamos hablando de algo muy poderoso y que representa una historia de resistencia que tenemos que reivindicar con altura de miras”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, participó en la actividad en su calidad de sobreviviente del exCuartel Borgoño. La autoridad expresó su expectativa de que los sitios de memoria sean “lugares ojalá muy vivos. Ojalá que tuvieran mucha capacidad de educar, de generar reflexión, de proyectarse hacia adelante, de enseñar lo que se vivió y lo que se vive en otras partes del mundo también. Quiero dar un abrazo a todas las personas que han vivido experiencias de tortura y que estuvieron acá. Los que lucharon por dar este paso que se está dando y los que luchan para que en el futuro este se transforme en un gran centro para reflexionar sobre lo vivido y sobre lo pasado”.

En la instancia también participó el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien indicó que esta “es una buena oportunidad para que todos nos comprometamos para seguir acompañando y apoyando este proceso con el propósito de que este importante paso que se da hoy sea expresión de un camino que tenga muchísimos pasos más hacia el futuro, para garantizar que nunca más en Chile se cometan las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado, para que nunca más tengamos espacios como lo que fue el Cuartel Borgoño, donde se detuvo, torturó, hizo desaparecer a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y para que efectivamente todos contribuyamos a fortalecer una cultura de la memoria”.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, hizo un sentido compromiso: “en los próximos meses, además de este espacio, los edificios colindantes serán entregados al municipio. Yo como alcalde haré la recepción y tengo el compromiso con la Corporación de que sea un espacio completo de memoria. Tener un parque acá en un lugar tan importante como el centro de Santiago para que esto no se olvide. Lo que ocurrió acá es profundamente doloroso para las personas que lo vivieron, pero también para todo un país. Yo soy de una generación política nueva, nacida en democracia. Yo felicito a los ministerios y al empuje que ha tenido la Corporación para que esto ocurra. Independientemente de que yo provenga de un sector político distinto, tengo el compromiso de que este sea un lugar de memoria. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que acá la historia no se olvide”.

Historia del excuartel Borgoño

En su origen, en 1892, en el edificio se emplazó el Instituto de Higiene de Santiago, una institución que vino a hacerse cargo del manejo de enfermedades asociadas a las condiciones de salubridad de la época y que dio inicio a lo que posteriormente fue el Ministerio de Salud.

El inmueble fue cerrado el 31 de diciembre de 1924 por la Junta Militar que sucedió al gobierno de Arturo Alessandri. En reconocimiento a la importancia para la historia de la salud pública de nuestro país este edificio fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el 26 de octubre de 1984. Ya entrada la dictadura, en 1977 las instalaciones pasaron de forma arbitraria a la CNI hasta 1988, cuando fueron entregadas a la Policía de Investigaciones.

Diversas violaciones a los derechos humanos, consignadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Valech) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Rettig), fueron realizadas con participación de agentes operativos del exCuartel Borgoño.

El centro contaba con toda una estructura represiva especializada en contrainsurgencia que llevó a cabo grandes operativos de represión y aniquilamiento a opositores de la dictadura, como la Operación Albania, la Operación Alfa Carbón, la Operación Machete en Neltume, los asesinatos en represalia al atentado a Pinochet, los cinco detenidos desaparecidos en 1987 y los asesinatos de Janequeo y Fuenteovejuna, entre muchos otros.

El futuro de este inmueble fiscal considera el resguardo y promoción de la memoria histórica como excentro de detención y tortura de la CNI, su conservación y valorización en tanto Monumento Histórico y el establecimiento de usos públicos y semipúblicos que beneficien a la comunidad en armonía con la memoria del lugar.

Santiago, 28 de marzo de 2025. La mañana de este viernes el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa Cerda, visitó el sitio de memoria ex clínica Santa Lucía, inmueble fiscal entregado en concesión de uso gratuito de corto plazo a las agrupaciones de sobrevivientes de este centro de detención y tortura, familiares y nuevas generaciones, y que fue recientemente intervenido con obras de reparación para su adecuada protección y resguardo.

El ministro Figueroa estuvo acompañado de la seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, Carol Castro, y Cristian Bahamondes, representante de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

“Vinimos a constatar el resultado de las obras de reparación que ejecutamos en alianza con la Asociación. Hay satisfacción por el resultado, hoy este inmueble está en mucho mejores condiciones. Esto fue una sede del Movimiento de Acción Popular y Unitaria, del MAPU, después del golpe de Estado se convirtió en un centro de detención y tortura. Como Ministerio de Bienes Nacionales es muy relevante este hito de avanzar en la reparación de un sitio de memoria tan importante, pero es parte también del compromiso que tenemos como Gobierno desde el día 1 en la recuperación y gestión de sitios de memoria que le den al país una historia de verdad, de justicia y de garantías de no repetición”, expresó el titular de la cartera tras finalizar la visita.

Por su parte, Cristian Bahamondes, representante de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, agradeció la visita del ministro y el plan de trabajo que se ha llevado adelante en conjunto con la cartera de Bienes Nacionales. “También motivar a continuar este trabajo. Es importante relevar la memoria histórica de este país, seguir trabajando en pro de los derechos humanos, en garantías de no repetición, para que todas las instancias estatales puedan también hacerse parte de esto, se lleven a cabo cada uno de los compromisos, también el Poder Legislativo para poder continuar nuestro trabajo de educación y cultura en memoria de derechos humanos”, agregó.

Centro de detención y oficina de Olderock, Contreras y Romo

Dependiente de la Brigada de Salubridad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –la ex Clínica Santa Lucía fue dirigida por los doctores Vittorio Orvieto Teplisky y Werner Zanghellini Martínez, pasando por ella mujeres y hombres provenientes de otros centros de reclusión clandestinos como Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, 3 y 4 Álamos y Venda Sexy (Actualmente Irán 3037).

El inmueble fue diseñado en 1934, por el arquitecto Alberto Cruz Montt, en un estilo ecléctico con inspiración gótica. La casona fue residencial hasta junio de 1972, cuando fue adquirida por el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), para ser utilizado como sede del Regional Metropolitano y de la Dirección Nacional del partido.

Fue utilizada como tal hasta el golpe de estado en 1973, cuando fue allanada y ocupada por las fuerzas de seguridad. Los agentes de la dictadura la usaron desde 1973 hasta 1977 como infraestructura de apoyo sanitario, médico y logístico de los centros de detención y tortura de la Región Metropolitana. Sirvió como dormitorio de la sección femenina de las agentes en proceso de formación. Entre octubre de 1974 y 1977 operó como clínica para el personal de la DINA y sus familiares y simultáneamente como centro de detención y tortura, además de archivo y centro de documentación. La coordinación entre este centro de detención y el resto de la infraestructura de inteligencia de la DINA en Santiago, como la “Venda Sexy” o “La Discoteque” (Irán 3037), el “Cuartel Yucatán” (Londres 38), el “Cuartel Terranova” (Villa Grimaldi), “el Cuartel Ollagüe” (José Domingo Cañas) y “3 y 4 Álamos”, está documentada en los testimonios de los sobrevivientes de este centro.

El primer piso del inmueble fue utilizado como sala de control e ingreso y salas de atención pediátrica de los agentes de la DINA y sus familiares. El segundo piso como celdas de prisioneros. En el tercer piso funcionó una oficina de lngrid Olderock y de Osvaldo Romo, un radio transmisor y una sala de tortura. El cuarto piso fue utilizado como celdas de prisioneros, una oficina personal de Manuel Contreras y una sala de tortura en el altillo, con una ventana que daba hacia el patio interior del inmueble.

El lugar cerró sus puertas en 1977, año en el que todo su equipamiento médico fue trasladado hacia un nuevo recinto para continuar con las mismas actividades, cambiando su nombre a Clínica London, (Almirante Barroso N°76). Declarado Monumento Histórico en 2016, en él funcionó la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El pasado 30 de enero el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, junto a la Delegada Presidencial Provincial de Talagante, Stephanie Duarte, la seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, Carol Castro y un representante de la Corporación de Memoria Lonquén, realizó un recorrido por el sitio de memoria Hornos de Lonquén, que sufrió un incendio el viernes 24 de enero, originado en el vertedero Santa Marta, aledaño al terreno fiscal.

“Se trata de un lugar muy significativo para la lucha por los Derechos Humanos y la memoria histórica en nuestro país. Es un sitio, un monumento histórico, al que durante muchos años no se pudo acceder y gracias al cual, a la lucha de la familia y del trabajo de Bienes Nacionales, hoy día se puede acceder. Estamos haciendo una visita inspectiva para ver los efectos de un incendio forestal que dañó parte del lugar y para levantar un informe que nos permita colaborar con la agrupación que hoy lo administra, para una mejor protección de este sitio de memoria”, detalló el ministro.

Recordemos que el pasado 30 de agosto, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, junto al delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y el Presidente de la Corporación Memoria Lonquén, Miguel Maureira, anunció la habilitación del libre acceso al Sitio de Memoria Hornos de Lonquén.

Esta medida permite desde entonces a la Corporación, la comunidad y a los familiares de víctimas de detenidos desaparecidos, poder visitar este sitio. Esto se logró gracias a un acuerdo alcanzado entre el Estado de Chile y el dueño del terreno, para que el acceso pasara a la administración del Fisco, sin necesidad de una expropiación.

A raíz de una denuncia anónima ante la Vicaría de la Solidaridad, el 30 de noviembre de 1978, se hizo el primer hallazgo de detenidos desaparecidos de la Dictadura cívico militar en Chile, en los Hornos de Lonquén. En el lugar, se descubrieron los restos de 15 campesinos, quienes fueron ejecutados el 8 de octubre de 1973. El sitio donde estuvieron los hornos, fue declarado sitio histórico y adquirido por Bienes Nacionales en 2004.

“Queremos que en esta etapa nos pongamos de acuerdo con un futuro modelo de gestión y trabajemos en común” señaló Octavio Rogel, dirigente de la Agrupación de Ex Presos Políticos, tras una nueva reunión de estos colectivos con el Secretario Regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes y sus pares de Justicia y Derechos Humanos, Culturas, las Artes y el Patrimonio, Obras Públicas y servicios públicos dependientes, tales como el Servicio del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales.

“Estamos avanzando en este compromiso del presidente Gabriel Boric con la región, con un renovado ímpetu, tanto de las organizaciones de derechos humanos como de las instituciones públicas, para zanjar definitivamente el futuro modelo gestión que tendrá este edificio que es Monumento Nacional” destacó el seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes.

Explicó que, por instrucción del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, y la Ministra de la cartera, Marcela Sandoval, se avanzó en la constitución de una mesa intersectorial para la Casa de los Derechos Humanos, la que permitirá generar los recursos necesarios para avanzar a su recuperación y uso definitivo, una vez finalicen la etapa de diseño y ejecución de obras de protección de su infraestructura durante el próximo año.

En la reunión, se encontraban el  director (s) de Arquitectura del MOP, Claudio Bahamonde, el director del Servicio del Patrimonio, Pablo Quercia, Irma Patiño de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Javiera Gaona encargada de la oficina técnica regional del Consejo de Monumentos Nacionales y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, quienes valoraron el ánimo común por rescatar la casa y zanjar su futuro uso sin acudir a mesas paralelas y con la urgencia necesaria.

La Mesa que trabajará para la recuperación del inmueble será liderada por la Seremi de Bienes Nacionales y unidades de Administración de Bienes y Gestión Territorial y Patrimonio. Junto a ella están el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial, Seremi de Cultura, Artes y Patrimonio, Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio del Patrimonio, Seremi de Obras Públicas y Dirección de Arquitectura, y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Esta mesa, luego de un proceso de participación ciudadana en el que las agrupaciones de derechos humanos tendrán un rol central, se abocará a definir el uso, la administración y el financiamiento necesario para su restauración integral definitiva. Todo ello tras las obras de emergencia que eviten el colapso y posterguen la vida útil del edificio.

En la opportunidad, la arquitecta Paulina de la Torre, especialista en restauración y conservación de edificios patrimoniales en la Macrozona Austral, quien expuso los acontecimientos y gestiones realizadas en la ex residencia de don Julio Antonio Beaulier Bourbois durante los últimos tres años.

La profesional explicó que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene como eje de gestión el reconocer y disponer bienes y patrimonio para la promoción de los Derechos Humanos y la memoria histórica, y que, en el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025 del Ministerio de Justicia y DDHH, suscribió y comprometió gestionar la adquisición, recuperación y administración efectiva de los sitios de memoria, con el fin de garantizar su puesta en valor como medida de reparación y memoria.

Las y los asistentes valoraron la reunión, especialmente por la exposición de la arquitecta de la Torre, quien detalló lo que ha sucedido con la casa desde 2020 hacia adelante. León Cuevas, de la Agrupación de Ex Presos Políticos, manifestó que “se ha pasado por muchas etapas con esta casa. Cuando quisieron licitarla y demolerla, nos opusimos junto al compañero que falleció, Francisco Alarcón. Con él la recuperamos y la cuidamos hasta que surgieron las diferencias entre nosotros (agrupaciones de derechos humanos). Ahora queremos ponernos de acuerdo y llegar a un puerto seguro cuanto antes ya que cuanto más tiempo pase será peor. Así que hay que apoyar con todo lo que se hará ahora”.

Por su parte, Patricia Ojeda, ejerciendo la vocería de la Agrupación de Hijos y Nietos por la Memoria y del colectivo “Cueca Sola”, manifestó que la etapa que se inicia será también una oportunidad para conversar con un lenguaje común que se ha venido trabajando con la Secretaría Regional de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio y que ahora puede ser compartido a todos quienes dialogarán en el proceso.

 

Hasta Pisagua llegó la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, para participar junto al subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, el Delegado Presidencial Regional, Daniel Quinteros, el seremi Osvaldo Ardiles, y otras autoridades regionales en el descubrimiento de una placa conmemorativa en la Fosa de Pisagua, acción que es parte de un proyecto de rescate y puesta en valor de este Sitio de Memoria y Monumento Histórico en la región de Tarapacá.

A la cita concurrieron decenas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos vinculadas a la defensa de los derechos humanos, quienes reconocieron los esfuerzos del gobierno del presidente Boric por impulsar los Sitios de Memoria en cada región del país, como un ejercicio necesario para entregar garantías de no repetición.

En la oportunidad, la ministra Sandoval recalcó que “para construir una democracia que prevalezca siempre, es necesario que la conservación de la memoria sea una tarea que asuma la sociedad en su conjunto y no sólo las víctimas de la dictadura”.

Y agregó: “El Ministerio de Bienes Nacionales en estos 50 años del Golpe, está poniendo en valor la fosa de Pisagua, su cementerio y el memorial de los detenidos desaparecidos. Desde que este inmueble volvió al Fisco, que nuestras acciones apuntan a ponerlo en valor en beneficio de toda la comunidad. Hoy hemos descubierto una placa conmemorativa que demuestra nuestro compromiso con este emblemático Sitio de Memoria que pronto también formará parte de una ruta de la memoria en la región de Tarapacá”, dijo sobre el lugar donde en junio de 1990 se produjo el hallazgo de una fosa común donde se encontraron 19 osamentas de personas ejecutadas en Pisagua, que posteriormente fueron identificadas y entregadas a sus familiares.

En la misma línea, el subsecretario Xavier Altamirano recalcó que este es un lugar esencial para la historia de Chile. “La Fosa de Pisagua es un sitio donde la verdad prevaleció sobre la mentira de la dictadura, porque con su hallazgo nadie pudo negar lo que todos sabíamos: que había detenidos desaparecidos en Chile. Este es un momento de profunda emoción y también de mucha alegría, porque el Ministerio de Bienes Nacionales está dando un paso relevante en materia de memoria”.

Durante el acto, el relato de la ex prisionera política, Ana Marambio, recordó los dolores de las mujeres que estuvieron presas en Pisagua, una historia que suele ser invisibilizada. “Como ex presas políticas de este lugar, estamos muy agradecidas de este gobierno porque por primera vez en 50 años vino un Presidente de la República a conocer la fosa y han venido autoridades de alto nivel que se han hecho cargo. Han hecho un trabajo hermoso con la recuperación de los Sitios de Memoria. Para nosotros esto es un gran avance”, destacó.

El descubrimiento de la placa estuvo a cargo de las autoridades, quienes estuvieron acompañadas por familiares de las víctimas como Engracia Palominos, hermana de Germán Palominos; o Karina Olmos, hija del arqueólogo que descubrió la fosa en los 90, Olaf Olmos.

Es relevante destacar también la asistencia del senador Jorge Soria, ex preso político de Pisagua y alcalde de Iquique al momento del golpe de 1973. En el lugar, el parlamentario destacó los avances del gobierno en materia de DD.HH, en especial el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. “Debemos estar más que felices de que haya un presidente joven que se preocupa por aquellos que murieron por la patria. Son cientos de muertos que están olvidados, pero este es un llamado para que Chile entero busque a todos los que cayeron inocentemente. A mí me costó muchos amigos que están acá, bajo tierra, es una pena, pero hay que recordarlo para que esto nunca más suceda en Chile”, indicó.

Luego del descubrimiento de la placa, los invitados se trasladaron hasta el club deportivo de Pisagua para presenciar el documental “Tarapacá, relatos y territorio de la memoria”, que reúne los relatos de las víctimas de la dictadura en los principales Sitios de Memoria de Tarapacá. El diálogo continuó, y permitió relevar otras iniciativas impulsadas por Bienes Nacionales en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales, para poner en valor el Campamento de Prisioneros de Pisagua que funcionó en los 70 y 80 como centro de detención y tortura.

Se trata de la instalación dos letreros en el acceso de la fosa de Pisagua: uno con la advertencia para quienes dañen monumentos históricos y otro con una breve historia del lugar; y de un proyecto de apuntalamiento y cierre perimetral del exhospital. Además, junto a la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Bienes Nacionales, se trabaja en una Ruta de la Memoria de los sitios de prisión política y tortura de la Región de Tarapacá que debería estar lista en diciembre de este año. Y se instalarán letreros de advertencia en los sitios de interés patrimonial que está en el sector de Pisagua Viejo y el ex Hospital de Pisagua.

Con el Ministerio de Vivienda, en tanto, el ministerio de Bienes Nacionales evalúa la factibilidad de desarrollar un proyecto en la fosa de Pisagua. La idea es que una mesa de trabajo que encabeza esta cartera le entregue la administración de ésta, del cementerio y del memorial a una agrupación que pueda protegerla y hacerse cargo de ella.

Respecto a este trabajo, el seremi Osvaldo Ardiles recalcó: “una de las primeras acciones que encabezó la Seremi de Tarapacá fue recuperar el dominio de la propiedad de la Fosa de Pisagua, que hasta diciembre de 2022 recaía en la Municipalidad de Huara, porque asumimos la tarea de relevar este sitio como un compromiso por preservar la historia reciente de nuestro país y contribuir con esto a un pacto social, para que nunca más se vuelva a repetir la violación sistemática de los derechos humanos”.

 

A 50 años del Golpe de Estado y en coordinación con la Delegación Provincial de Melipilla, el Ministerio de Bienes Nacionales realizó la entrega oficial del inmueble “ex Tenencia de Carabineros de Curacaví” a la Agrupación Social y Cultural de Derechos Humanos de la comuna.

El traspaso, concretado a través una concesión de uso gratuito de corto plazo, permitirá a la organización la implementación de un espacio de memoria que contempla un museo, biblioteca, sala audiovisual y una explanada.

Al destacar este hito, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, expresó que “nos alegra poder cumplir nuevamente con el compromiso presidencial de recuperar lugares para la promoción de los derechos humanos, la memoria y la reparación, como es el caso de la ex Tenencia de Curacaví. Poner en valor los relatos que surgieron de centros de detención, tortura y desaparición forzada como éste nos permiten instalar el nunca más con el que queremos que crezcan las nuevas generaciones; una tarea que es del Estado y a la que está llamada la sociedad en su conjunto, porque como dice el gobierno en estos 50 años del Golpe, democracia es memoria y futuro”.

El lugar, ubicado dentro del casco histórico y cercano a la Plaza de Armas de la comuna de Curacaví, fue utilizado como centro de detención y tortura desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el año 1976 de personas que- en su mayoría- se desempeñaban en labores propias de una comunidad agrícola y no tenían militancia política. El año 2019, fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales como “Monumento Histórico” y el 2023 como “Monumento Nacional”.

El acto de entrega de la concesión se celebra a 50 años de lo ocurrido el 16 de septiembre de 1973, cuando una patrulla de Carabineros, en conjunto con funcionarios del Ejército, trasladó a un grupo de siete detenidos en la ex Tenencia hasta el sector de Cuesta Barriga, donde fueron obligados a descender para ser fusilados, en uno de los tantos episodios dolorosos que marcó la historia de este recinto.

El sitio sufrió más tarde años de abandono, al punto que sus dependencias fueron ocupadas de forma irregular por un grupo de personas que mediante la modalidad de arriendo utilizaba los calabozos como habitaciones, venta de ropa y otros espacios para estacionamientos. Sin embargo, en julio de este año y gracias a las gestiones de la seremi metropolitana de Bienes Nacionales, fueron desalojadas de manera definitiva.

Respecto a esta recuperación, el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, afirmó que “hoy es un día muy especial porque, con esta entrega, se hace justicia y se pone en valor un lugar muy importante para nuestra historia. No dejaremos que espacios tan significativos para nuestra democracia y nuestro futuro sean utilizados de mala manera. Seguiremos trabajando para entregar justicia, seguridad y certeza territorial”.

En la misma línea, el seremi metropolitano de la cartera, Andrés Hidalgo, recordó que “cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con que la ex Tenencia Curacaví estaba tomada y siendo muy mal utilizada por personas ajenas al objetivo del sitio de memoria. Lo desalojamos el día 5 de julio, e inmediatamente lo entregamos a la Agrupación Social y Cultural de Derechos Humanos de Curacaví, cumpliendo con el mandato del Presidente de avanzar en saldar la deuda que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos”.

Según recalcó la Delegada Presidencial Provincial de Melipilla, Sandra Saavedra, tras este paso “comenzaremos a partir de hoy a recuperar este espacio, a abrirlo a la comunidad para que no se pierda la memoria de lo que sucedió acá. Es muy importante recalcar que en los sectores rurales es mucho más difícil recuperar la memoria, porque los hechos que sucedieron están muy ocultos, están muy borrados de la memoria de las nuevas generaciones. En ese sentido, en la recuperación de la memoria, en la búsqueda de justicia, verdad y sobre todo garantías de no repetición, este es un hecho que es muy valorado por nosotros como delegación”.

Para finalizar y emocionada con este avance, Mirta Sáez, dirigenta de la organización de derechos humanos, indicó que “para mí y la agrupación es reconfortante llegar a esto. Este es un espacio que fue abandonado por mucho tiempo por parte del Estado, pero con un trabajo largo y ayuda de muchas personas hemos llegado a este momento. Este es un hito histórico y desde hoy Curacaví va a conservar la memoria y reconocer a nuestros mártires. Esperamos que nuestro trabajo sea un granito para empezar un gran proyecto para que esto quede para la posteridad y no se pierda la historia”.